Caso Chocolate: un juez denunció a autoridades de Diputados por presunto encubrimiento y la Cámara lo negó

La causa por Julio “Chocolate” Rigau abrió un nuevo capítulo después de que el juez de Garantías Guillermo Atencio denunciara a autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense por la posible comisión del delito de encubrimiento. La presentación quedó radicada ante la UFI 11 de La Plata, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta, y apunta a determinar si existió ocultamiento de documentación reclamada por la Justicia. 

El conflicto se originó alrededor de pedidos formulados para identificar qué legisladores habían propuesto las designaciones de empleados cuyas tarjetas de débito quedaron vinculadas a la investigación sobre Rigau. La fiscal Betina Lacki venía reclamando los denominados “memos de propuesta de designación”, pero las actuaciones administrativas terminaron incluidas en un expediente que la Cámara resolvió archivar. 

Atencio consideró que la situación debía ser investigada y realizó una denuncia basada en el artículo 277 del Código Penal. La Justicia deberá determinar ahora si el archivo de las actuaciones constituyó una conducta penalmente relevante o si se trató de una decisión parlamentaria amparada por las facultades propias del cuerpo legislativo.

La respuesta de la Cámara llegó este martes. Las autoridades de Diputados negaron haber intentado ocultar información y sostuvieron que el archivo cuestionado fue aprobado el 28 de mayo, mientras que la orden judicial a la que hacen referencia ingresó el 19 de agosto. También afirmaron que la votación fue pública, transmitida en vivo y aprobada por más de dos tercios de los legisladores.

Diputados agregó otro argumento: según su interpretación, las actuaciones archivadas que motivaron el nuevo cuestionamiento correspondían a otro expediente judicial, identificado como causa Rodríguez, y no directamente al proceso contra Rigau. La conducción legislativa sostuvo además que en la causa Chocolate sí entregó información previamente requerida y rechazó que haya existido una política institucional destinada a frenar la investigación.

El comunicado también invocó el artículo 96 de la Constitución bonaerense, que protege a diputados y senadores provinciales por las opiniones y votos emitidos durante el ejercicio de sus funciones. Desde la Cámara plantearon que responsabilizar penalmente a los legisladores por haber votado un archivo podría avanzar sobre esas inmunidades parlamentarias. 

El documento fue respaldado por autoridades y presidentes de distintos bloques, entre ellos Unión por la Patria, La Libertad Avanza, PRO, sectores radicales y otras bancadas. Según la información difundida, Hechos y el Frente de Izquierda no acompañaron la respuesta institucional. 

El expediente deja así planteada una discusión que excede al caso original de Rigau. La Justicia deberá establecer si hubo una posible maniobra de encubrimiento, mientras la Legislatura sostiene que ejerció atribuciones propias y que sus integrantes no pueden ser perseguidos penalmente por una votación realizada en el recinto.