Denunciaron a Franco Mogetta por la adjudicación de un corredor vial a un consorcio integrado por la firma de su familia

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue al exsecretario de Transporte Franco Mogetta y a funcionarios del Ministerio de Economía por la adjudicación del denominado Tramo Centro de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. El cuestionamiento central es que uno de los integrantes del consorcio ganador es Guido Mogetta S.A., firma vinculada con la familia del exfuncionario.

La concesión fue adjudicada mediante la Resolución 1379/2026 y comprende más de 680 kilómetros correspondientes a la ruta nacional 9 entre Rosario y Córdoba y conexiones por las rutas 19 y 34. El contrato tendrá una duración de 20 años y quedó en manos de un consorcio integrado por Afema S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A.

La denuncia sostiene que Mogetta tuvo intervención política en la etapa inicial del esquema de concesiones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Transporte entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. Por ese motivo, Pagano pidió determinar si existió alguna incompatibilidad o utilización de información obtenida durante su paso por la función pública.

Otro punto señalado corresponde a las declaraciones juradas patrimoniales del exsecretario. Según la presentación, Mogetta declaró inicialmente una participación del 5,71 por ciento en Guido Mogetta S.A., valuada en unos 160 millones de pesos sobre un patrimonio societario de alrededor de 2.800 millones, mientras que posteriormente esa misma participación habría figurado valuada en cero.

La denuncia también incorpora contratos de obra pública adjudicados a la empresa familiar en Catamarca por más de 3.500 millones de pesos durante el período en el que Mogetta ocupaba un cargo nacional. La Justicia deberá establecer si esas operaciones tuvieron alguna relación con convenios o financiamiento provenientes del área que estaba bajo su órbita.

La presentación encuadra provisoriamente los hechos en posibles negociaciones incompatibles con la función pública, falsedad u omisión en declaraciones patrimoniales, utilización de información reservada y abuso de autoridad. Se trata de calificaciones planteadas por la denunciante y todavía no implican una determinación de responsabilidad penal.

Pagano pidió además que se incorpore el expediente administrativo de la licitación, documentación contable y societaria de las empresas involucradas y registros vinculados con la actividad del exfuncionario. Ahora será la Justicia Federal la encargada de determinar si existieron irregularidades en el proceso o si la adjudicación cumplió con las normas correspondientes.