Patrimonio bajo sospecha
Denunciaron a Lilia Lemoine por declarar todo en $0 y detectaron obligaciones financieras por 502 mil
Cuatro presentaciones cuestionan la información que entregó la diputada sobre sus bienes, deudas y gastos correspondientes a 2023. También señalaron una vivienda heredada que no habría sido incorporada.
31 de Agosto de 2026
Lilia Lemoine fue denunciada por presuntas irregularidades en su declaración jurada, luego de que cuatro presentaciones cuestionaran la información patrimonial aportada por la diputada. Las denuncias fueron impulsadas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín.
Según los denunciantes, Lemoine no habría presentado la declaración jurada inicial que correspondía entregar dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores a su asunción, ocurrida el 10 de diciembre de 2023. En la documentación correspondiente a ese año informó patrimonio, deudas y gastos personales por $0.
Las presentaciones sostienen que esa información contrastaría con registros de la Central de Deudores del Banco Central. Allí, al 31 de diciembre de 2023, figuraban 502 mil pesos en obligaciones con cuatro entidades financieras, entre ellas Tarjeta Cencosud y Banco Ciudad, además de créditos vinculados a Mercado Libre. Una de las deudas aparecía en situación 4, correspondiente a un atraso significativo.
Otro cuestionamiento apunta a la vivienda que Lemoine heredó de su madre y donde reside actualmente. La diputada sostuvo que no la declaró porque la sucesión todavía no había finalizado, mientras que los denunciantes argumentan que, al ser hija única, ya poseía derechos sucesorios que debían ser informados.
Además, un testigo reservado mencionó supuestas propiedades vinculadas a la legisladora en Belgrano e Ituzaingó. Esa información todavía no fue corroborada judicialmente, por lo que permanece únicamente dentro de las afirmaciones aportadas al expediente.
En paralelo existe otra investigación vinculada con los honorarios de su abogado penalista, que según reconoció Lemoine eran cubiertos mediante un contrato como asesor de la Cámara de Diputados. Esa causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo y busca establecer si se utilizaron recursos públicos para afrontar gastos privados.
