Derrumbe en Parque Patricios: vecinos desalojados, topadoras trabajando y el Gobierno porteño de Jorge Macri sin explicaciones

El resultado del experimento inmobiliario en Parque Patricios es bastante claro: 65 autos aplastados bajo una losa, más de 300 vecinos sin casa y un barrio lleno de incertidumbre. La postal incluye abuelos, chicos y personas con discapacidad deambulando entre hoteles y vallados policiales, mientras el Gobierno de la Ciudad mira la escena como si fuera un problema ajeno.

El colapso del estacionamiento en el complejo Estación Buenos Aires dejó al descubierto algo más que un desastre estructural. También expuso la desorientación de las autoridades. Los vecinos no pueden entrar a sus departamentos, pero la constructora COSUD sí pudo hacerlo con retroexcavadoras, una escena que desató furia y sospechas entre los propietarios.

El acuerdo del día anterior parecía sencillo: apuntalar primero, permitir a los vecinos retirar pertenencias y recién después remover escombros una vez aseguradas las pruebas. Sin embargo, la realidad fue otra. Las máquinas aparecieron sin aviso previo y comenzaron a mover material en el mismo sector del derrumbe.

Para muchos residentes la lectura fue inmediata: si se remueven los escombros antes del peritaje, las pruebas desaparecen. Y cuando lo que está en discusión es la responsabilidad de una obra, la diferencia entre apuntalar y arrasar con topadoras no es un detalle técnico, es la línea que separa una investigación seria de un posible encubrimiento.

El episodio terminó con tensión frente al vallado policial. Vecinos intentando ingresar a sus propios departamentos, policías impidiendo el acceso y excavadoras trabajando detrás de la cinta de seguridad. La escena es tan absurda que parece un manual de cómo convertir una tragedia urbana en un conflicto político.

Mientras tanto, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri sigue sin aparecer públicamente para explicar qué pasó. En un distrito que suele venderse como la “Ciudad más linda del mundo”, el derrumbe de un estacionamiento y cientos de familias desplazadas deberían ser una prioridad política. Pero hasta ahora lo único visible fue el operativo policial.

En el medio de este caos también aparece un dato incómodo: un Caputo figura en el directorio de COSUD, la empresa responsable de la obra. Un detalle que, en la Argentina de los vínculos cruzados entre negocios y política, inevitablemente alimenta suspicacias.

Los vecinos, mientras tanto, organizan colectas para pagar un peritaje independiente que cuesta cerca de diez millones de pesos y contrataron al abogado Fernando Burlando para representarlos. Nadie duerme demasiado: algunos temen que el edificio quede inhabitable durante meses y otros advierten que la estructura contigua presenta una “panza” similar en el techo de la cochera.

La pregunta que recorre Parque Patricios es sencilla: cómo puede ser que los propietarios no puedan entrar a sus viviendas, pero las topadoras sí.

Y en esa pregunta se resume todo el conflicto.