El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica y pondrá en venta el 44 por ciento de las acciones

El Gobierno de Javier Milei avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, una de las empresas centrales del sistema nuclear del país. El esquema contempla la venta del 44 por ciento de las acciones mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras el Estado conservará el 51 por ciento del capital y mantendrá la participación mayoritaria.

El proceso fue habilitado mediante el Decreto 695/2025 y posteriormente puesto en marcha por la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía. La normativa establece además un Programa de Propiedad Participada equivalente al 5 por ciento de las acciones de la compañía.

Uno de los puntos centrales del procedimiento es la valuación del paquete accionario. El Gobierno instruyó a la Secretaría de Energía a elaborar un inventario de los bienes tangibles e intangibles que forman parte del valor de la empresa y dispuso que una entidad bancaria perteneciente al sector público nacional realice la valuación correspondiente.

La decisión de recurrir a otra institución para determinar el valor de las acciones está vinculada a una limitación reconocida por el propio Tribunal de Tasaciones de la Nación. El organismo informó que sus normas vigentes le permiten realizar valuaciones de bienes tangibles y empresas a partir de sus activos físicos, pero que no cuenta con una norma específica para tasar activos financieros o intangibles mediante un enfoque basado en ingresos.

Nucleoeléctrica tiene a su cargo la generación de energía de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, además de actividades vinculadas con la operación y construcción de instalaciones nucleares. La normativa que habilitó la privatización establece que determinadas decisiones estratégicas, como ampliar la capacidad de una central, construir una nueva o incorporar accionistas que puedan obtener el control, requieren el voto afirmativo del Estado.

El proceso, por lo tanto, no implica una transferencia inmediata del control de la compañía al sector privado. La legislación establece expresamente que el Estado Nacional mantendrá el 51 por ciento del capital, mientras que el 44 por ciento será ofrecido mediante licitación y otro 5% quedará destinado al programa de propiedad participada.