Hasta las manos
Escándalo en La Plata: denuncian 13 contratos de Julio Alak con presuntos prestanombres y audios comprometedores
Una denuncia apunta a un supuesto esquema de contratos y salarios municipales cobrados a través de terceros, con el exconcejal del PRO Juan Garmendia en el centro de la trama y sospechas de un acuerdo político con el intendente.
7 de Octubre de 2026
La gestión de Julio Alak quedó envuelta en un nuevo escándalo a partir de una denuncia que apunta a un supuesto esquema de contratos y salarios municipales cobrados a través de terceros en La Plata. El nombre que aparece en el centro de la polémica es el del exconcejal del PRO Juan Garmendia, hijo de la jueza Marcela Garmendia, a quien se le atribuyen 13 contratos vinculados a nombre de presuntos prestanombres, entre ellos su propia novia.
La denuncia también desliza un supuesto acuerdo político entre Garmendia y Alak para dividir a la oposición platense, lo que coloca al intendente en una posición incómoda respecto de qué sabía y qué hizo con la información. En la trama aparecen además los nombres de Cristina y Paola Cheli, Nicolás Paolini, Domingo de los Reyes y Agustín Vianchetto, junto a otras personas que la documentación menciona.
El expediente suma una arista todavía más explosiva. Habrían comenzado a circular audios atribuidos a Garmendia en los que presuntamente le ofrece sexo a una mujer a cambio de subirla de categoría dentro del municipio, un material cuya autenticidad deberá ser determinada y que podría convertirse en pieza clave si finalmente llega a la Justicia.
La documentación que acompaña la denuncia incluiría también un recibo de haberes de junio de 2026 por más de 1,27 millones de pesos netos, un dato que refuerza las sospechas sobre el destino de los fondos municipales. De confirmarse las irregularidades, el problema para Alak ya no sería solamente explicar los contratos, sino responder quién cobra, por qué cobra y qué trabajo realiza cada uno de los involucrados.
Porque una cosa es ampliar el Estado y otra, muy distinta, es que la Municipalidad termine convertida en una caja política. La pregunta que queda flotando es incómoda y apunta directo a la responsabilidad del intendente. Se trata de simples irregularidades administrativas o de una estructura de poder montada alrededor de contratos, favores y acuerdos políticos que funcionó con su conocimiento o, al menos, con su silencio.
