Obras abandonadas, viviendas que nunca se construyeron
Escándalo inmobiliario en La Plata: denuncian estafas a más de 50 familias y apuntan a conexiones con el Municipio de Alak
Obras abandonadas, viviendas que nunca se construyeron, departamentos que no existirían y millones de dólares comprometidos. Una investigación judicial busca determinar si detrás de las presuntas maniobras de un desarrollador inmobiliario también hubo complicidades o irregularidades dentro de áreas estratégicas de la Municipalidad de La Plata.
19 de Noviembre de 2026
Lo que comenzó como una serie de reclamos por incumplimientos en obras particulares amenaza con convertirse en un escándalo de mayores dimensiones en La Plata. Más de 50 familias de la región y damnificados de Tigre habrían sido perjudicados por operaciones inmobiliarias atribuidas a Marcos Ignacio García, quien enfrenta denuncias por presuntas estafas, abandono de construcciones y maniobras comerciales que ahora están bajo investigación judicial.
El caso abre interrogantes que exceden el accionar del desarrollador: ¿cómo pudo avanzar durante tanto tiempo este esquema sin que se encendieran las alarmas? ¿Qué controles realizó la Municipalidad de La Plata? ¿Existieron vínculos o beneficios irregulares con funcionarios de la gestión de Julio Alak? Son algunas de las preguntas que la Justicia deberá esclarecer.
Anticipos millonarios, obras paralizadas y departamentos que no existirían
Según las denuncias y testimonios incorporados a distintas actuaciones judiciales, el mecanismo habría sido reiterado: captar clientes mediante una imagen de solvencia económica, conseguir importantes adelantos de dinero y luego incumplir con las obras comprometidas.
Los denunciantes aseguran que hubo anticipos del 30% y hasta del 100% del valor de determinadas construcciones. Viviendas familiares, edificios, galpones y locales comerciales habrían quedado inconclusos o directamente nunca habrían comenzado.
Entre los episodios denunciados aparece una situación particularmente llamativa: la supuesta comercialización de departamentos que no existirían en los planos originales, incluso unidades correspondientes a un octavo piso de un edificio que tendría solamente seis niveles. También se denunció la presunta venta de departamentos en pozo pertenecientes a desarrollos de otras constructoras.
El impacto social es especialmente grave en familias que habrían destinado sus ahorros o créditos para acceder a una vivienda propia. En algunos casos, aseguran haber entregado importantes sumas de dinero sin recibir a cambio las construcciones prometidas.
La sombra que alcanza a la Municipalidad de Julio Alak
Pero el capítulo más delicado de esta historia apunta hacia el Palacio Municipal.
De acuerdo con las denuncias y testimonios mencionados por los damnificados, la investigación busca establecer si García habría mantenido relaciones irregulares con integrantes de áreas vinculadas al planeamiento, las obras y los servicios públicos municipales.
En ese contexto aparecen referencias a la Subsecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, encabezada por Jorge Jurado, y al área de Obras Particulares, a cargo del arquitecto Eduardo Pietrobon.
Las sospechas planteadas por los denunciantes incluyen posibles beneficios, gestiones irregulares y compromisos que involucrarían a personas vinculadas con la administración pública. Sin embargo, esas presuntas conexiones deberán ser acreditadas judicialmente y no constituyen, por sí mismas, una responsabilidad penal de los funcionarios mencionados.
La pregunta política e institucional es inevitable: ¿Qué sabía el Municipio?, ¿Qué inspecciones se realizaron?, ¿Se verificaron los permisos y la documentación de los emprendimientos denunciados? La gestión de Julio Alak tiene la responsabilidad de explicar cómo funcionan los mecanismos de fiscalización y qué medidas adoptó frente a las irregularidades denunciadas.
Una investigación que suma testimonios y nuevas denuncias
La abogada Marisa Vera, representante de uno de los damnificados en una causa radicada en Tigre, describió un presunto mecanismo de captación de clientes mediante presupuestos enviados por correo electrónico, exigencias de pagos en efectivo y escasa formalización contractual.
Según su relato, su representado habría entregado aproximadamente 220.000 dólares y ocho vehículos para financiar cuatro emprendimientos: una ampliación de vivienda, una casa en un barrio cerrado, un local comercial y un galpón.
El resultado denunciado fue contundente: una de las viviendas nunca habría comenzado a construirse, en el local solamente se habría realizado movimiento de suelo, en el galpón habría quedado un obrador y la ampliación de la casa tendría apenas un 30% de avance.
La letrada sostuvo que otras familias comenzaron a contactarla al conocer el caso, entre ellas damnificados vinculados con desarrollos habitacionales en La Plata. También mencionó empresas como Gungner e Inmalsa, cuya eventual utilización para desarrollar distintas operaciones deberá ser examinada en el marco de la investigación.
Allanamientos, denuncias y sospechas de una trama mayor
Las actuaciones judiciales mencionadas por los denunciantes incluyen investigaciones en fiscalías de Tigre y La Plata, además de tres allanamientos y el secuestro de elementos que podrían aportar información sobre las operaciones denunciadas.
A las acusaciones por presuntas estafas se habrían sumado presentaciones relacionadas con episodios de violencia, intentos de usurpación y posibles irregularidades documentales. También se busca determinar si existieron responsabilidades de terceros y eventuales delitos vinculados con la función pública.
Otro de los aspectos señalados por los denunciantes es la supuesta utilización de vínculos con sectores sindicales y policiales para obtener respaldo o facilitar determinadas operaciones. Estas afirmaciones también requieren corroboración judicial.
Las familias esperan respuestas y el Municipio debe dar explicaciones
Detrás de cada expediente hay personas que confiaron sus ahorros, entregaron vehículos, solicitaron créditos y proyectaron una vivienda que hoy aseguran no tener.
Mientras la Justicia avanza para determinar responsabilidades individuales, el caso deja una cuestión institucional que la Municipalidad de La Plata no debería esquivar: la transparencia de los controles sobre los desarrollos inmobiliarios y la actuación de sus dependencias.
Si hubo funcionarios que facilitaron, encubrieron o participaron de maniobras ilegales, deberán responder ante la Justicia. Y si los controles municipales fallaron, los vecinos tienen derecho a saber por qué.
Más de 50 familias denuncian haber perdido sus ahorros y sus proyectos de vivienda. La Justicia tiene que llegar hasta el final. Y la Municipalidad de Julio Alak tiene una explicación pendiente ante los platenses.
