Jorge Macri aprieta el cinturón en los barrios y los deja sin aire ni laburo

El conflicto social en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires volvió a colocar a Jorge Macri en el centro de las críticas. Referentes de distintas organizaciones denuncian que la pérdida de puestos de trabajo, el endeudamiento familiar, los desalojos y el retroceso de políticas públicas están profundizando una situación que ya venía golpeada por el contexto económico nacional.

Una de las principales discusiones gira alrededor del programa Veredas Limpias, que funcionó durante más de 15 años y empleaba a unas 5.000 personas, muchas de ellas madres jefas de hogar que dependían de ese ingreso. Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie Capital, sostuvo que el Ejecutivo porteño decidió discontinuarlo y abrió un conflicto con cooperativas y organizaciones que se extendió durante aproximadamente tres meses.

Según Córdoba, la salida propuesta por el Gobierno porteño es Ciudadanía Laboral, un esquema basado en capacitaciones, bolsas de empleo y eventuales tareas sociocomunitarias. El cuestionamiento de las organizaciones pasa justamente por ahí. Lo que antes representaba un puesto dentro de una cooperativa, advierten, pasa a convertirse en una capacitación sin garantías de continuidad laboral.

Para los referentes territoriales, el problema tampoco termina en el empleo. Córdoba denunció una política de estigmatización hacia los sectores populares y señaló los operativos contra ferias, vendedores ambulantes y comercios ubicados en los barrios. Desde su perspectiva, el discurso oficial y la intervención policial forman parte de una presión permanente sobre quienes buscan sostener actividades de subsistencia.

Una mirada similar planteó Franco Armando, integrante del comité de crisis del Barrio Mugica. Según afirmó, existe un proceso de expulsión de los sectores de menores ingresos que antes se expresaba principalmente a través del costo de los alquileres y de vivir en la Ciudad, pero que ahora también tendría manifestaciones vinculadas con controles policiales y restricciones dentro de los propios barrios.

Armando describió zonas con una presencia policial que considera excesiva y cuestionó controles sobre automóviles, motos y vecinos. También relató el caso de una mujer que vendía tortillas y transmitía su actividad por TikTok. De acuerdo con su testimonio, fue denunciada y posteriormente intervino la Policía, que le retiró mercadería y elementos utilizados para trabajar. Para las organizaciones, la paradoja es difícil de disimular. Se reclama que la gente genere ingresos por sus propios medios y después aparecen controles sobre algunas de esas mismas actividades.

Desde el Frente Popular Darío Santillán, Agustín Navarro volvió a apuntar contra la eliminación de Veredas Limpias. Aseguró que desde mayo existen pagos pendientes por trabajos realizados y explicó que numerosas familias comenzaron a endeudarse para afrontar servicios básicos. Dentro de ese grupo, señaló además la situación especialmente delicada de personas electrodependientes.

Navarro también vinculó la eliminación de las cuadrillas con problemas concretos de limpieza dentro de los barrios populares. Según sostuvo, desde el retiro de esos trabajadores la acumulación de residuos empeoró y existen sectores donde el servicio resulta insuficiente. El recorte, desde esa perspectiva, terminó golpeando por partida doble, tanto a quienes perdieron una fuente de ingresos como a los vecinos que dependían de las tareas realizadas.

El deterioro económico también aparece asociado al crecimiento de los desalojos. Las organizaciones describen familias que, después de endeudarse para cubrir alimentos y servicios, dejan de poder afrontar el alquiler y terminan en situación de calle.

Navarro cuestionó además la respuesta oficial para quienes buscan reinsertarse laboralmente. Según denunció, algunos participantes de las capacitaciones deben comprar por su cuenta los utensilios necesarios para realizarlas. Entre los cursos mencionó preparación de tortas y pizzas, una alternativa que las organizaciones consideran insuficiente frente a familias que perdieron ingresos estables y necesitan una salida laboral inmediata.

Así, detrás del discurso de reconversión aparece una discusión mucho más concreta sobre qué sucede cuando desaparecen empleos, se reducen políticas territoriales y la respuesta ofrecida son capacitaciones sin continuidad asegurada. Las organizaciones sostienen que el modelo aplicado por la gestión de Jorge Macri no está resolviendo ese escenario y denuncian que, en algunos barrios, incluso agrega nuevos conflictos a una economía familiar que ya funciona al límite.