Jorge Macri gasta 9 mil millones en encuestas mientras el subte F espera el milagro

Eso de “achicar el Estado” suena muy bonito en un spot de campaña, sobre todo cuando el que lo dice es un Macri que quiere despegarse del apellido pesado. El problema es cuando la motosierra muerde el presupuesto pero se traba con los caramelos de las consultoras. Mariana Gagliardi, presidenta de la Auditoría porteña, se tomó el trabajo de leer los contratos y encontró lo que cualquier vecino de la Línea B ya sospechaba: Jorge Macri prorrogó por un año más el convenio con 24 consultoras por más de 9 mil millones de pesos para saber si los porteños lo quieren o lo odian.

El dato es impecable y de manual de la política argentina. No hubo licitación nueva, no hubo debate en la Legislatura, no hubo periodistas preguntando. Solo la firma del ministro de Hacienda, como quien autoriza un gasto para la fotocopiadora del quinto piso. El gobierno porteño decidió que 9 mil millones de pesos, que no son monedas, merecen menos discusión que la compra de resmas de papel. Y mientras tanto, la Línea F del subte sigue acumulando años de promesas, renders y videos en 3D que ningún usuario llega a ver desde el andén.

Gagliardi fue al hueso y no tuvo filtro. Señaló que el mecanismo esconde una decisión política: el Ejecutivo puede seguir emitiendo órdenes de compra durante todo el año sin que nadie se entere, o mejor dicho, sin que nadie pueda frenarlo. Las 24 consultoras elegidas van a seguir preguntando en la calle, por teléfono y en grupos focales si los porteños están contentos con la seguridad, los subtes y la recolección de residuos, mientras los residuos se acumulan y los subtes paran cada dos cuadras.

La hipocresía del relato oficial es tan gruesa que se puede cortar con un subsidio al descuento de Ganancias. Macri promete la planta estatal más baja de la última década, pero agranda el Estado que contrata encuestadores, marketineros y analistas de opinión. Como dijo Gagliardi, con una frase que merece un afiche en la entrada de la Jefatura de Gobierno: “Achica el Estado que garantiza derechos y agranda el Estado que beneficia a unos pocos”. No podría haberlo dicho mejor. O más claro.

Porque mientras el área de Salud espera insumos, mientras los colegios porteños piden arreglos, mientras los vecinos de Villa Soldati preguntan por qué no hay una línea de subte que los conecte con el centro, Macri y su gabinete necesitan saber si la imagen del jefe de gobierno subió o bajó dos puntos. La eficiencia, entonces, no es un principio de gestión; es una excusa para disfrazar de austeridad lo que en verdad es una reasignación de recursos hacia los amigos del poder y las empresas que viven del Estado.

Al final, la denuncia de Gagliardi no es solo un reclamo presupuestario; es una radiografía de un modelo que se dice moderno pero gobierna con prácticas de la vieja política. El PRO aprendió las mañas del peronismo y las mejoró. Ahora el ajuste se llama modernización, las consultoras se llaman "escucha activa" y la plata que no se invierte en obras se disfraza de "estudios de opinión". Y todo con una firma, como si los 9 mil millones no pesaran.