Redobla la apuesta
Jorge Macri manda a los docentes al médico y los gremios responden que la receta es disciplinamiento
La gestión de Jorge Macri instrumentó dos operativos de evaluación psicofísica para docentes sin apto regularizado. Los sindicatos advierten que la medida se suma a un esquema de restricción de derechos y citan el antecedente de la empresa que administra las licencias, con 1.843 rechazos reconocidos como incorrectos.
4 de Noviembre de 2026
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo mecanismo de evaluación médica para docentes de escuelas públicas a través de una resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, y los principales gremios del sector salieron a cuestionarlo. La iniciativa, presentada oficialmente como una política de prevención y cuidado de la salud, contempla dos operativos médicos con turnos individuales para trabajadores de establecimientos educativos estatales que todavía no tengan regularizado su apto psicofísico.
Jorge Macri pretende limitar la atención en los hospitales de la Ciudad según el lugar de residencia, como si los miles de comerciantes y trabajadores que vienen de la Provincia, pasan gran parte del día en CABA y sostienen su funcionamiento no tuvieran derecho a atenderse acá. También le planteamos al ministro de Salud sobre la caída de los salarios del personal de salud y de los recortes de medicamentos de PAMI y del Plan Remediar. Presenté un proyecto para que la ciudad cubra parte de los medicamentos que Nación deja de garantizar. Pero mientras faltan remedios y se deterioran las condiciones de quienes sostienen el sistema de salud, el Gobierno hace dos contrataciones directas por día a través de un mecanismo de urgencia, el Decreto 433, incluso para servicios como el monitoreo de medios, que no tienen nada de urgentes.
— Matías Barroetaveña (@mbarroetavena) October 23, 2026
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) y Ademys sostienen que la medida debe analizarse en un contexto de conflictos por el reconocimiento de enfermedades laborales, el rechazo de licencias y las condiciones de trabajo en las escuelas porteñas. Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UTE-CTERA, afirmó que los operativos se suman a otras decisiones de la administración de Jorge Macri que, según denuncian, afectan los derechos de los trabajadores de la educación.
El dirigente gremial puso en duda que las evaluaciones respondan exclusivamente a objetivos sanitarios y planteó interrogantes sobre el uso que podría hacer el Ejecutivo de la información obtenida. Francisco sostuvo que el Estado debe garantizar políticas integrales de salud laboral, pero advirtió que esas políticas no pueden convertirse en mecanismos para restringir derechos, desconocer indicaciones médicas ni poner en riesgo la estabilidad laboral.
Las críticas sindicales también se apoyan en el funcionamiento del sistema de reconocimiento de licencias médicas que implementó el gobierno porteño. La administración de esos trámites está en manos de DIENTS, una compañía privada que recibió más de 7.000 millones de pesos durante 2025 por sus servicios y que fue denunciada por presunta administración fraudulenta. Sobre un total de 2.591 revisiones realizadas durante ese año, el Gobierno debió reconocer que 1.843 licencias habían sido rechazadas incorrectamente.
Desde Ademys también rechazaron la iniciativa. Sofía Bonder, integrante del equipo de estudio de condiciones de trabajo de la organización, cuestionó los argumentos oficiales y sostuvo que los nuevos controles pueden generar temor entre los trabajadores. La referente sindical describió un esquema que, según denunció, disciplina para ir a trabajar enfermos, descuenta el presentismo, rechaza licencias médicas y cita a los docentes durante el reposo.
Bonder vinculó el conflicto con la sobrecarga laboral que atraviesa el sector y aseguró que muchos trabajadores superan las 50 horas semanales si se contabilizan las tareas que no reciben remuneración. También mencionó un relevamiento realizado por Ademys durante 2025 según el cual más del 75 por ciento del personal docente encuestado no utilizó licencias médicas durante ese año por temor a que fueran rechazadas, y agregó que más del 70 por ciento debe recurrir a prestadores privados para recibir atención médica pese a contar con una obra social que, según denunció, atraviesa un proceso de vaciamiento.
Los gremios reclaman que cualquier política de evaluación médica tenga como prioridad la prevención y la protección de la salud laboral, y no se transforme en una herramienta de control sobre los trabajadores. Los nuevos operativos suman otro foco de tensión entre la gestión de Jorge Macri y los sindicatos docentes.
