Jorge Macri quemó millones de pesos en encuestas mientras prometía ajuste austero

En la Ciudad donde cada discurso oficial viene con manual de “eficiencia” bajo el brazo, Jorge Macri decidió destinar 8.778.750.436,35 de pesos a encuestas de opinión pública. No a obras visibles, no a servicios básicos, no a urgencias cotidianas: a preguntar qué piensa la gente. Como si gobernar fuera una eterna campaña y no una gestión con responsabilidades concretas.

El dato no es una interpretación ni una filtración: figura en la licitación pública 623-1653.LPU24 publicada en el Boletín Oficial, donde el objeto es un elegante eufemismo técnico para algo bastante simple: medir humor social. Cuantitativo, cualitativo, segmentado, todo muy prolijo en los papeles. Lo que no aparece es la respuesta a una pregunta más incómoda: ¿para qué le sirve al ciudadano común este gasto multimillonario?

El timing tampoco ayuda a la defensa. Después de una derrota electoral en mayo, y con la promesa explícita de recortar gastos, la reacción del Gobierno porteño fue exactamente la inversa: sostener intacto el presupuesto en focus groups y estudios. Ajuste para el discurso, billetera abierta para la estrategia política.

El reparto del negocio tampoco sorprende, pero sí confirma una lógica conocida. 24 consultoras privadas se quedaron con porciones del presupuesto, muchas de ellas históricamente vinculadas al universo PRO: Poliarquía, Isonomía, Opinaia, Zuban Córdoba, entre otras. Un ecosistema que se retroalimenta hace años, donde la política se mira al espejo de sus propios consultores y vuelve a invertir en ellos.

La frutilla del postre tiene nombre propio: Evangelina Pérez Aramburu, consultora clave del macrismo desde la época de Jaime Durán Barba, que podría quedarse con más de 715 millones de pesos. No es un actor marginal, es parte del ADN estratégico del PRO. Sus estudios ya moldearon campañas y decisiones en gestiones anteriores, incluyendo la de Horacio Rodríguez Larreta. La continuidad es casi una tradición: cambian los cargos, se reciclan los nombres.

El expediente lleva firma oficial y respaldo legal, con citas a la Ley número 2.095 y el Decreto número 129/23. Todo en regla, todo prolijo. Pero la legalidad no resuelve el fondo del asunto: una administración que prometía achicar el gasto termina priorizando herramientas de campaña en lugar de políticas públicas concretas. Como si la preocupación central no fuera resolver problemas, sino entender cómo se perciben.

En definitiva, el mensaje es claro aunque no figure en el pliego: antes que gobernar mejor, primero hay que medir cómo cae lo que se hace. Y si hace falta, invertir millones para descubrir lo que cualquier vecino ya sabe sin encuesta.