Kicillof acumula acuerdos pendientes y la oposición le advierte que su agenda legislativa empieza a complicarse

Axel Kicillof afronta un segundo semestre condicionado por la Legislatura bonaerense y con varios acuerdos políticos todavía pendientes de cumplimiento. En momentos en que el Ejecutivo busca avanzar con iniciativas vinculadas a empresas de Salud, una reforma política y la discusión sobre las reelecciones de intendentes, la relación con sectores opositores comienza a tensarse.

Uno de los últimos cuestionamientos llegó desde el diputado provincial de la UCR Diego Garciarena, quien apuntó contra el Gobierno bonaerense después de conocerse el aval provincial para destrabar una garantía de anticipo financiero por 6 millones de dólares requerida por Banco Provincia. La operación está vinculada con Río Negro e INVAP para la actualización tecnológica de un reactor nuclear en Argelia.

Garciarena contrapuso esa decisión con las demandas existentes dentro del territorio bonaerense. El legislador sostuvo que “son los bonaerenses los que necesitan garantías” y enumeró problemas relacionados con seguridad, IOMA, educación y el estado de las rutas provinciales.

El conflicto, sin embargo, va más allá de esa operación financiera. La oposición también reclama que Kicillof cumpla los compromisos asumidos durante la negociación del Presupuesto y el endeudamiento provincial, particularmente el envío de los pliegos destinados a cubrir las vacantes existentes en la Suprema Corte bonaerense.

Según los acuerdos alcanzados a fines del año pasado, el Ejecutivo debía avanzar con esas postulaciones entre julio y agosto y uno de los lugares quedaría reservado para la UCR. El plazo llegó a su tramo final sin que esa definición se concretara, lo que volvió a poner bajo cuestionamiento la relación política entre el oficialismo y sus interlocutores legislativos.

La demora también está atravesada por las dificultades de Fuerza Patria para cerrar consensos internos sobre los nombres que integrarían el máximo tribunal provincial. Mientras esas diferencias continúan, la oposición advierte que el incumplimiento de acuerdos erosiona la confianza necesaria para negociar los próximos proyectos que Kicillof necesita aprobar.

Con la mirada puesta también en 2027, el gobernador requiere una Legislatura que acompañe una parte importante de su agenda. Pero cada compromiso que queda sin resolver suma obstáculos a una negociación política en la que el Ejecutivo ya no puede dar por sentado los votos que necesita.