La basura le explotó a Cortés: buscan resolver lo que el intendente convirtió en un negocio millonario en Rio Negro

La crisis del vertedero municipal de Bariloche llegó definitivamente a la Legislatura de Río Negro, donde bloques opositores presentaron dos proyectos para avanzar hacia una solución regional. Mientras los legisladores discuten cómo cerrar, remediar y reemplazar el basural, el intendente Walter Cortés continúa defendiendo un esquema que prolongaría su funcionamiento y sostiene una contratación privada por miles de millones de pesos.

El primer expediente, identificado como 1072/2026, fue presentado por Lorena Matzen, de la UCR; Javier Acevedo, de la Coalición Cívica-ARI; Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro; y Leandro García, de PJ-Nuevo Encuentro. La iniciativa propone crear una Comisión Interjurisdiccional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu.

El organismo tendría la misión de elaborar un diagnóstico actualizado y diseñar la transición hacia un sistema regional que contemple separación, reciclaje, reutilización, compostaje, recuperación y tratamiento. Además, deberá analizar el cierre progresivo y la remediación ambiental del actual vertedero, así como estudiar posibles localizaciones para construir un nuevo Centro Ambiental Regional.

El proyecto fija plazos que dejan expuesta la falta de planificación de Cortés. La comisión deberá publicar un primer informe dentro de los 90 días posteriores a su conformación y presentar, en un máximo de 180 días, un Plan Preliminar de Transición Regional. A su vez, tendrá que calcular las inversiones necesarias, identificar fuentes de financiamiento y establecer un cronograma para el cierre, saneamiento y remediación de los predios afectados.

La comisión estaría integrada por el Gobierno provincial, los municipios y concejos deliberantes de Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu, los bloques legislativos, las juntas vecinales de los barrios afectados, organizaciones ambientalistas y recuperadores urbanos. Sus reuniones serían públicas y contaría con un consejo asesor conformado por universidades, organismos científicos, especialistas ambientales y representantes sanitarios.

Un día después ingresó el expediente 1074/2026, acompañado por una veintena de legisladores de Vamos con Todos, PJ-Nuevo Encuentro, PRO, Cambia Río Negro y La Libertad Avanza. Esta segunda iniciativa establece un régimen provincial para que dos o más municipios, comunas o comisiones de fomento puedan constituir voluntariamente entes interjurisdiccionales destinados a gestionar sus residuos.

Estos organismos tendrían autonomía administrativa, económica y financiera, y podrían encargarse de la reducción, separación, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos. También administrarían celdas, estaciones de transferencia y sistemas de logística regional, con control externo del Tribunal de Cuentas provincial. Aunque la propuesta no se limita exclusivamente a Bariloche, el colapso de su vertedero aparece como el caso que encendió la discusión.

Las propuestas tienen diferencias, pero coinciden en un punto que golpea de lleno al intendente: el problema ya no puede quedar atrapado dentro del municipio ni resolverse mediante contratos transitorios y parches sobre el mismo terreno. La magnitud de la contaminación exige una estrategia regional, estudios ambientales, participación vecinal y responsabilidades políticas concretas.

Cortés eligió otro camino. Como no consiguió los votos necesarios para aprobar su licitación en el Concejo Deliberante, firmó una contratación directa con Rowing S.A. por 339 millones de pesos mensuales, con actualizaciones trimestrales por inflación. El acuerdo representa más de 4.000 millones de pesos por año y amplió las funciones que la empresa ya desarrollaba en el Centro de Residuos Urbanos Municipales.

El proyecto original del intendente contempla construir nuevos módulos de relleno sanitario en el predio actual y concesionar la gestión durante diez años, con posibilidad de extenderla por otros cinco. Es decir, mientras la Legislatura comienza a discutir cómo cerrar y remediar el basural, Cortés pretende garantizar su continuidad durante hasta 15 años.

La posición municipal también contradice el plazo establecido por la Ley provincial 5491 y la Ordenanza 3349-CM-2022, que habían fijado el cierre del vertedero para diciembre de 2023. El plazo venció, el basural siguió funcionando y los vecinos continuaron soportando humo, olores, incendios, gases y el riesgo de contaminación producido por los lixiviados.

La Defensoría del Pueblo de Bariloche advirtió durante 2026 que existen impactos ambientales y sanitarios graves y persistentes. Sin embargo, Cortés insiste en presentarse como el hombre que enfrenta el problema, aunque su principal respuesta haya sido entregar la operación a una empresa y cargarles la factura a los contribuyentes.

La llegada del conflicto a la Legislatura deja al intendente cada vez más aislado. Los bloques opositores podrán discutir qué instrumento resulta más adecuado, pero ya existe una coincidencia difícil de ignorar: Bariloche necesita una salida regional y definitiva. Cortés, en cambio, pretende gastar miles de millones para seguir enterrando basura en el mismo lugar y dejarles la contaminación a los vecinos.