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Violencia institucional

La CPM puso a Mar del Plata bajo la lupa por 786 hechos de tortura en Batán y graves denuncias contra la Patrulla Municipal

El Informe Anual 2026 también registró 1.719 deficiencias de acceso a la Justicia y acusó al cuerpo local de asumir facultades policiales sin habilitación legal.

31 de Agosto de 2026

La Comisión Provincial por la Memoria denunció 786 hechos de tortura y malos tratos en el Complejo Penitenciario de Batán, además de 1.719 deficiencias vinculadas con el acceso a la Justicia. Los datos forman parte del Informe Anual 2026 “El sistema de la crueldad XX”, que también incluyó un apartado especial sobre el funcionamiento de la Patrulla Municipal de Mar del Plata.

En el balance provincial, la CPM contabilizó 63.934 personas detenidas, una sobrepoblación carcelaria del 116 por ciento y 91.833 hechos de tortura y malos tratos. También registró 224 muertes en lugares de encierro durante 2025 y señaló que 203 estuvieron vinculadas con falta de atención de salud.

El organismo fue especialmente crítico con la Patrulla Municipal marplatense, a la que definió como “una policía creada de facto”. Según el informe, el cuerpo excedería sus competencias municipales y asumiría facultades policiales sin contar con habilitación legal para hacerlo.

La CPM denunció presuntas privaciones ilegales de la libertad, cacheos, agresiones físicas y verbales, secuestro y destrucción de pertenencias y documentos. También señaló el uso de armas menos letales que, según el organismo, estarían vedadas para agentes municipales.

Los testimonios recogidos describen operativos nocturnos con vehículos sin patente, agentes sin identificación y personas encapuchadas. De acuerdo con la presentación, algunas víctimas afirmaron que eran despertadas a golpes mientras dormían en la calle, sufrían la rotura o sustracción de pertenencias y les tiraban la comida.

La CPM identificó como principales afectados a personas en situación de calle, cuidacoches, limpiavidrios y trapitos. Además, señaló que el Juzgado de Garantías número 4, a cargo de Juan Tapia, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo y ordenó al Municipio cesar operativos que implicaran violencia física o verbal y sustracción de objetos.

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