Quiere destruir la educación
La Justicia frena el cierre de más de 220 grados que Jorge Macri ya tenía en marcha
La gestión porteña profundiza el ajuste en la escuela pública con despidos masivos, recorte presupuestario y subsidios millonarios a la privada. Un fallo judicial suspendió provisoriamente los cierres y obligó al Gobierno a dar explicaciones.
14 de Octubre de 2026
El gobierno de Jorge Macri avanza con el cierre de más de 220 grados y cursos en los niveles primario, secundario y terciario de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado de despidos de centenares de docentes y un recorte presupuestario acumulado cercano al 13 por ciento desde 2023. La Justicia porteña puso un freno provisorio a esa embestida el 24 de septiembre de 2026, cuando el Juzgado en lo Contencioso número 10 hizo lugar a una presentación del gremio UTE para impedir las clausuras de aulas.
El fallo obliga al Gobierno de la Ciudad a comparecer ante la justicia porteña y presentar la información precisa y definitiva sobre el total de alumnos y cursos afectados. La asesoría tutelar fue categórica en su dictamen y sostuvo que el cierre de aulas no tiene correlato directo en la protección de los derechos de los más desaventajados, además de calificar la norma cuestionada como totalmente irrazonable. Hasta que no se resuelva esa instancia, los grados no se cierran, aunque la suspensión es solo provisoria.
Los números del ajuste que motoriza la gestión porteña son contundentes según los datos oficiales analizados por el Observatorio Económico de la Ciudad del Centro de Economía Política Argentina. En 2026 el presupuesto educativo caerá un 3,5 por ciento en términos reales y acumulará una baja cercana al 13 por ciento desde 2023, lo que equivale a unos 500.000 millones de pesos menos. Las partidas para infraestructura escolar caen un 11,2 por ciento, las becas estudiantiles retroceden un 5 por ciento, los subsidios a cooperadoras se recortan un 11 por ciento y los fondos para educación inicial, primaria y especial también disminuyen.
En paralelo, el gasto en personal docente toca su piso más bajo en cuatro años y acumula una caída del 1 por ciento respecto del primer trimestre de 2022. El contraste con otras prioridades del Gobierno porteño resulta difícil de justificar. El presupuesto asignado a la remodelación del Autódromo Gálvez asciende a 137.000 millones de pesos, casi tres veces más que todo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Económico.
El impacto en las aulas ya tiene casos testigo que muestran la magnitud del desguace. La Escuela número 16 DE 14 Fray Justo Santa María de Oro, del barrio de La Paternal, dejó de existir después de 100 años de historia y sus docentes fueron reubicados a cuentagotas, mientras los estudiantes debieron buscar vacante en otras escuelas a días del inicio de clases. La Escuela de Reingreso Luis Alberto Spinetta, en Belgrano, sufrió el cierre de tres de sus siete cursos y el despido del 40 por ciento de su planta docente, y el Normal 10 Juan Bautista Alberdi vio reducida la mitad de sus grados de primaria con la promesa de hasta 35 alumnos por aula.
En el nivel inicial, al menos cinco jardines maternales fueron cerrados antes del inicio del ciclo lectivo y dejaron a cientos de niños sin vacante. En el nivel terciario se suspendió la inscripción para 2027 en los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Instituto Superior Joaquín V. González, carreras con más de 50 años de trayectoria. En la Escuela Técnica número 34 Ing. Enrique Hermitte se despidió al 80 por ciento de los profesores de Educación Ciudadana, que pasaron de 10 docentes a solo 2 para cubrir los tres turnos.
Según un off del Ministerio de Educación porteño, la cantidad de escuelas primarias afectadas será de entre 100 y 120 en 2026. Eso significa que donde había 20 estudiantes ahora habrá 25, 30 o más, una situación que profundiza el hacinamiento y atenta contra la calidad educativa. Los supervisores escolares y los delegados de cooperadoras también se pronunciaron y sostuvieron que ninguna medida sobre la matrícula puede resolverse sin consenso con la comunidad educativa.
Detrás de cada número hay familias y trabajadores de la educación. En febrero de 2026, 50 docentes del programa Maestro + Maestro, que fortalece la alfabetización en el primer ciclo de primaria, fueron cesanteados por mail y sin previo aviso a días de empezar las clases. La diputada Maru Bielli denunció la medida como un acto de vaciamiento educativo y presentó un proyecto de repudio en la Legislatura.
La persecución también alcanza a quienes defienden la escuela pública. La gestión de Macri avanzó con una escalada de amedrentamiento judicial contra los referentes de la docencia porteña y la conducción del sindicato ADEMYS. Los gremios mayoritarios, UTE y ADEMYS, movilizaron al Ministerio de Educación y realizaron paros de 24 y 48 horas en rechazo al ajuste.
Mientras se cierran grados en la escuela pública, el Gobierno de la Ciudad aprueba subsidios millonarios a la educación privada. A través del Boletín Oficial se estableció una asignación económica excepcional de 1.259.999.997 pesos destinada a instituciones de gestión privada. Además, se entregará un bono de 30.000 pesos por alumno para garantizar el pago de las cuotas y se autorizaron aumentos que llevarán las cuotas de colegios privados con subsidio estatal a cifras de hasta 224.300 pesos mensuales.
En la Legislatura, la situación alcanzó un nivel de desprecio absoluto. El 19 de agosto de 2026, durante una reunión de la Comisión de Educación, diputados del PRO y La Libertad Avanza se retiraron justo cuando docentes, estudiantes y familias exponían sobre el vaciamiento que produce la reforma educativa de Jorge Macri. Laura Alonso fue una de las legisladoras que se levantó en el preciso momento en que la comunidad educativa hablaba sobre la falta de infraestructura, los pizarrones rotos y los baños que no funcionan.
La educación es una variable de ajuste para Macri y Milei, quieren un pueblo sumiso, sin crítica y poco educado, sintetizó una docente durante la movilización al Ministerio de Educación. La frase resume el sentido profundo de un plan que excede cualquier problema de matrícula o de eficiencia administrativa. El cierre de grados, los despidos, el recorte presupuestario y los subsidios a la privada son piezas de un mismo rompecabezas, y la Justicia, por ahora, apenas puso un freno provisorio.
