La Justicia pone a San Nicolás bajo la lupa por las operaciones del puerto durante la gestión de Cecilia Comerio

La investigación que tramita en el Juzgado Federal de Campana sobre la operatoria del Puerto de San Nicolás comenzó a generar nuevas preguntas sobre el funcionamiento de los controles internos y la administración del Consorcio de Gestión que conduce Cecilia Comerio. La causa se inició tras el hallazgo de un importante cargamento de carbonato de sodio, una sustancia de uso industrial cuya comercialización puede quedar sujeta a controles estatales debido a determinados usos específicos.

En el marco de la investigación, Gendarmería Nacional realizó allanamientos en instalaciones utilizadas por la empresa Terminales y Servicios (TyS), donde fue secuestrado un importante volumen del producto almacenado. La Justicia busca determinar el origen, el destino y la documentación de la mercadería, además de establecer si existieron incumplimientos administrativos o eventuales responsabilidades penales.

El expediente también puso el foco sobre el funcionamiento de los mecanismos de control dentro del puerto. Hasta el momento, el Consorcio de Gestión no difundió información pública sobre las tareas de fiscalización realizadas durante la permanencia de la carga ni sobre las medidas adoptadas después de los procedimientos judiciales. Según fuentes vinculadas al caso, un buque de bandera china permaneció varios días en la terminal realizando operaciones de carga y descarga que también forman parte de las actuaciones.

La administración encabezada por Comerio ya había recibido cuestionamientos públicos por otras situaciones vinculadas al funcionamiento del puerto. Entre ellas aparecen denuncias sobre el almacenamiento durante meses de mercadería presuntamente abandonada y vencida dentro del predio, además de la permanencia de una ambulancia fuera de servicio durante un prolongado período, episodios que alimentaron críticas sobre los controles internos.

A esas observaciones se suma otro punto señalado por distintas fuentes consultadas, la presunta ausencia de auditorías externas periódicas que, según sostienen, deberían realizarse cada seis meses para supervisar el funcionamiento administrativo y operativo del ente portuario. La falta de información oficial respecto de esos controles incrementó las dudas sobre los mecanismos de fiscalización aplicados dentro de una infraestructura considerada estratégica para la provincia.

Hasta el momento, la investigación judicial no registra imputaciones públicas contra Cecilia Comerio ni contra otros funcionarios provinciales vinculados a la causa. Sin embargo, el avance del expediente mantiene abiertos los interrogantes sobre la eficacia de los controles estatales, la supervisión de las cargas y la relación entre el Estado y los operadores privados. En ese contexto, distintos sectores también cuestionan la falta de medidas adoptadas por el gobernador Axel Kicillof frente a una funcionaria que acumula denuncias y críticas por su gestión.