Macri le sacó 11.752 millones de pesos a las escuelas y se los puso de uniforme a la Policía

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad un informe que expone el manejo de los recursos del Plan Sarmiento durante 2025 y complica la gestión de Jorge Macri. El programa destinado a garantizar el acceso a equipamiento tecnológico en las escuelas porteñas sufrió un recorte del 30,16 por ciento en su presupuesto, que cayó de 78.778 millones de pesos a 55.017 millones de pesos. El dato más incómodo aparece en el destino de esos fondos, porque en noviembre de 2025 el Gobierno porteño reasignó 25.386 millones de pesos del programa y 11.752 millones de pesos terminaron en comunicaciones de la Policía de la Ciudad, mientras menos del 1 por ciento permaneció dentro del área educativa.

La presidenta de la AGCBA, Mariana Gagliardi, cuestionó esas prioridades presupuestarias en un hilo publicado en su cuenta de X. "¿Qué está pasando con el Plan Sarmiento en la Ciudad?", planteó, antes de detallar los principales hallazgos del informe y advertir sobre las consecuencias de reducir recursos destinados a tecnología educativa. Su reclamo fue directo hacia el jefe de Gobierno, a quien le exigió explicaciones por el recorte en un área sensible y por los problemas de planificación y control que arrastra el programa.

El informe también detectó fallas estructurales que van más allá de la poda presupuestaria. El Plan Sarmiento no cuenta con metas físicas concretas ni con mecanismos de evaluación de resultados, lo que impide saber cuántos equipos se proyecta entregar y medir si esos objetivos se cumplen. Los auditores verificaron la entrega de netbooks y tablets a establecimientos educativos, pero encontraron faltantes de documentación y debilidades en el seguimiento de otras adquisiciones, entre ellas el equipamiento destinado al centro tecnológico TUMO.

Otro de los puntos observados es el sistema de contrataciones a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Según la Auditoría, el Gobierno porteño realiza pagos anticipados sin que previamente se haya producido la recepción efectiva de los bienes y la verificación de las condiciones de compra. Esas deficiencias dificultan la trazabilidad del equipamiento adquirido y limitan la capacidad del Estado para controlar el uso de los fondos públicos, justo en un programa que ya venía perdiendo recursos.

Los resultados del informe, correspondiente al ejercicio 2025 y aprobado el 30 de septiembre de 2026, dejan al descubierto una combinación de recortes presupuestarios, falta de planificación y controles insuficientes sobre contrataciones millonarias. La discusión no pasa solamente por cuánto invierte la Ciudad en tecnología educativa, sino también por cómo administra esos recursos y qué garantías existen de que lleguen efectivamente a las escuelas. Gagliardi fue contundente al respecto y sostuvo que "Jorge Macri tiene que explicar por qué se recortan recursos destinados a tecnología educativa mientras persisten graves problemas de planificación y control", antes de cerrar con una definición sobre el modelo de gestión. "La educación pública necesita inversión y transparencia, no menos recursos", concluyó.