Marta Pascual quedó bajo presión tras frenar el nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires

La jueza Marta Pascual quedó en el centro de una fuerte disputa institucional después de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense. La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y frenó temporalmente la puesta en marcha de la Ley 27.801, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución se apoyó en las condiciones detectadas en el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, donde Pascual señaló deficiencias edilicias y operativas para recibir adolescentes bajo el nuevo esquema. Sin embargo, el fallo rápidamente quedó atravesado por la pelea política entre la Casa Rosada y el Gobierno bonaerense.

Desde La Libertad Avanza y el PRO cuestionaron la decisión judicial y comenzaron a promover sanciones contra la magistrada. Allegados a Pascual hicieron trascender la frase “ahora que hice lo que me pidió Kicillof, nadie me cuida”, aunque la información aparece atribuida a fuentes cercanas y no a una declaración pública de la jueza.

También quedó mencionado el diputado provincial Mariano Cascallares, señalado por su vínculo político con Pascual y por haber impulsado su llegada al juzgado. Desde el entorno de la magistrada admitieron contactos entre ambos, aunque negaron que existiera un pedido de protección para conservar el cargo.

Hasta el momento se presentaron tres pedidos de juicio político firmados por Manuel Passaglia, Guillermo Montenegro y Alfredo Drocchi, mientras Sebastián Pareja prepara otra presentación. Los denunciantes acusan a Pascual de mal desempeño y de haber excedido sus facultades al suspender una norma nacional sin resolver previamente la cuestión constitucional de fondo.