Milei recortó miles de millones en educación antes de la protesta universitaria

El gobierno de Javier Milei oficializó un recorte de casi 79 mil millones de pesos en distintas áreas educativas a pocas horas de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada en todo el país. La medida impacta sobre programas de alfabetización, salarios docentes, becas estudiantiles, infraestructura escolar y partidas destinadas a universidades nacionales.

La decisión fue formalizada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y volvió a profundizar el conflicto entre el Ejecutivo nacional y el sistema universitario. Desde hace meses, rectores, gremios y centros de estudiantes vienen denunciando un deterioro presupuestario sostenido y reclaman una actualización urgente de partidas frente al avance de la inflación.

El recorte más importante recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de 35.288 millones de pesos destinados a transferencias para las provincias. También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, utilizado para equilibrar salarios mínimos entre jurisdicciones, con una reducción cercana a los 9 mil millones de pesos .

La poda presupuestaria incluyó además una baja de 21.686 millones en infraestructura escolar y equipamiento, un recorte de más de 559 millones de pesos en becas estudiantiles y una reducción de 48 mil millones de pesos en transferencias para Educ.ar. Todo esto ocurre mientras los gremios universitarios denuncian una pérdida salarial acumulada superior al 34 por ciento desde noviembre de 2023.

Las universidades nacionales también quedaron alcanzadas por la medida. El Gobierno eliminó más de 5.300 millones de pesos destinados a infraestructura universitaria y dejó frenadas obras en trece casas de estudio, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata, General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

El conflicto se desarrolla además en paralelo a la discusión por la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y luego vetada parcialmente por Milei. Mientras el oficialismo sostiene que la norma no puede aplicarse por cuestiones presupuestarias, desde las universidades denuncian un ajuste estructural sobre el sistema público de educación superior.