Neuquén: exdiputada Gabriela Suppicich quedó bajo la lupa en la causa por presunto desvío de fondos del gobierno de Omar Gutiérrez

La investigación judicial que analiza el presunto desvío de fondos públicos durante el gobierno del ex gobernador neuquino Omar Gutiérrez sumó un nuevo capítulo y ahora pone bajo la lupa a la ex diputada provincial Gabriela Suppicich, dirigente del Partido Obrero e integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Según trascendió en el marco de la causa, Suppicich habría recibido 13 transferencias entre el 7 de diciembre de 2022 y el 1 de noviembre de 2023 que totalizan 4.726.469 pesos.

La dirigente dejó su banca en la Legislatura neuquina en febrero de 2025, en cumplimiento del esquema de rotación de cargos que caracteriza al Frente de Izquierda, lo que permitió el ingreso de Julieta Ocampo, referente de la Izquierda Socialista.

El expediente judicial forma parte de la misma investigación en la que este miércoles fueron imputados dos ex ministros del gobierno de Gutiérrez: Abel Di Luca y Germán Chapino, quienes quedaron bajo investigación por su presunta participación en el manejo irregular de recursos públicos.

La causa apunta a determinar si existió un desvío de fondos destinados a organizaciones sociales, en particular a la cooperativa Viento Sur, que agrupa a distintos movimientos sociales.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el esquema habría provocado un perjuicio al Estado provincial superior a los 1.208 millones de pesos a valores históricos.

El caso es investigado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien sostiene que los recursos habrían sido utilizados de forma indebida dentro de un programa oficial destinado a fortalecer organizaciones de la sociedad civil.

Los fondos provenían del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado en 2022 por el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén.

Ese programa establecía una serie de controles previos obligatorios antes de cada desembolso, entre ellos la verificación institucional de las organizaciones beneficiarias, la certificación de autoridades, la presentación de planes de acción y la acreditación de las capacitaciones realizadas.

Sin embargo, según la investigación judicial, los desembolsos habrían comenzado incluso antes de la firma del decreto que creó el programa y se extendieron hasta diciembre de 2023, el último mes de la gestión de Gutiérrez.

Desde el punto de vista judicial, los hechos fueron encuadrados como presunta administración fraudulenta agravada contra la administración pública.

En paralelo, en el plano político surgieron interpretaciones que señalan que parte de esos recursos habría sido destinada a financiar organizaciones sociales y dirigentes piqueteros, con el objetivo de evitar conflictos y protestas callejeras que pudieran afectar la imagen del gobierno provincial.

La investigación continúa en etapa judicial y busca determinar el destino de los fondos y la eventual responsabilidad de funcionarios y dirigentes involucrados.