Ordená las cuentas decían: Jorge Macri se autohabilitó un bono de 600 mil millones de pesos... por las dudas

La Ciudad de Buenos Aires quedó habilitada para colocar un bono de deuda en pesos por hasta 600.000 millones de pesos destinado a pagar obligaciones con proveedores, luego de que la Legislatura aprobara el proyecto impulsado por Jorge Macri y enviado junto con el Presupuesto 2027. La ley se sancionó en la última sesión de octubre con 37 votos afirmativos y 18 negativos, y facultó al Ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Gustavo Arengo, a emitir títulos de deuda pública en el mercado interno. El texto oficial sostiene que la operación busca sostener el plan de Gobierno y cuidar la situación económica de las empresas proveedoras, sin que ello implique un incremento de los pasivos consolidados de la Ciudad.

La propia subsecretaria de Hacienda, Lorena Flores, expuso durante el tratamiento en comisión los motivos de la iniciativa y dejó un dato llamativo para una gestión que presenta sus cuentas como ordenadas. Flores afirmó que en la actualidad no existe una deuda acumulada con proveedores que requiera esta emisión, y explicó que se trata de una herramienta preventiva cuya utilización dependerá de la evolución de las cuentas públicas y de las necesidades que se definan año a año. La funcionaria justificó el pedido en una merma de ingresos estimada en alrededor de 600.000 millones de pesos para 2026, asociada a una baja cercana al 6 por ciento en la recaudación de Ingresos Brutos.

El bono tendrá un plazo mínimo de un año y una tasa atada a la TAMAR, el indicador que fija el Banco Central para depósitos a plazo fijo mayoristas de entre 30 y 35 días por montos iguales o superiores a 1.000 millones de pesos. Según lo expuesto por Flores en la comisión, el vencimiento se pensaba para 2029 y los intereses proyectados se ubicaban en torno a los 114.000 millones de pesos. El Ejecutivo tendrá margen para definir la vida financiera del instrumento, la metodología de aplicación del indicador y el mecanismo de colocación, que podrá ser directo o a través de terceros, además de reabrir series ya existentes.

La votación dejó expuestas las diferencias dentro del propio arco oficialista. Acompañaron el PRO, La Libertad Avanza, la UCR y Confianza y Desarrollo, en tanto que Fuerza Buenos Aires y el Frente de Izquierda rechazaron la norma. Sebastián Nagata, de Confianza y Desarrollo, advirtió sobre la conveniencia de recurrir al endeudamiento para afrontar gastos corrientes y cuestionó si la adhesión de los proveedores al bono sería optativa o se impondría de manera obligatoria, aunque su bloque terminó votando a favor. Desde Fuerza Buenos Aires, Claudia Neira reclamó mayor precisión sobre el stock de deuda de la Ciudad, el perfil de los proveedores involucrados y los organismos responsables de las obligaciones que podrían cancelarse con estos títulos, y objetó la afirmación oficial de que la operación no incrementa los pasivos porteños.

El marco legal ya está vigente y el Gobierno porteño podrá recurrir al mercado de capitales si enfrenta dificultades para cumplir en tiempo y forma con sus compromisos con el sector privado. La norma también permite incorporar al Presupuesto los créditos resultantes mediante un incremento en las fuentes de financiamiento por crédito público, y habilita la emisión de una o varias clases y series de títulos, con amortización en un pago único o en pagos parciales. La pregunta que sobrevuela la medida es por qué una gestión que insiste con el orden de sus cuentas necesita habilitarse semejante endeudamiento antes de tener una deuda concreta que lo justifique.