Polémica judicial en Mar del Plata por cuestionamientos al rol del Colegio de Abogados en causas ambientales del Puerto

Una fuerte polémica se instaló en el ámbito judicial de Mar del Plata luego de que se cuestionara públicamente al presidente del Colegio de Abogados de la ciudad (CAMDP), Leandro Gabas, por el presunto uso de recursos de la institución para perseguir a matriculados que intervienen en litigios vinculados con contaminación ambiental y responsabilidad empresarial.

Las críticas se centran en el accionar del Colegio frente a abogados que impulsaron querellas relacionadas con la contaminación en la zona del Puerto marplatense, un conflicto ambiental que lleva años de debate en la Justicia Federal. Según las acusaciones, la conducción del CAMDP habría iniciado acciones contra profesionales que participaron en ese tipo de causas, lo que generó malestar en sectores del foro local.

El trasfondo de esta disputa se conecta con una causa judicial de larga data vinculada a descargas contaminantes en el sector costero conocido como “Playa del Puerto”, investigadas en la órbita federal. De acuerdo con una denuncia presentada ante la Justicia, en febrero de 2016 se constató la presencia de un vertido líquido oscuro con olor irritante que provenía del área industrial portuaria, lo que motivó la intervención de organismos técnicos y la toma de muestras para análisis químicos.

El episodio fue detectado por personal técnico y autoridades que inspeccionaron la zona tras advertir el escurrimiento de sustancias hacia el mar. El material recolectado fue analizado por áreas especializadas para determinar su composición y el posible impacto ambiental.

En ese contexto judicial se desarrollaron diversas actuaciones y presentaciones de querellantes que buscaban responsabilizar a empresas vinculadas a la actividad industrial del puerto. Sin embargo, parte de esas intervenciones también derivó en controversias dentro del ámbito judicial y profesional.

Una denuncia presentada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani ante la Justicia Federal planteó, por ejemplo, la posible comisión del delito de estafa procesal en relación con la actuación de un querellante en el expediente principal. Según el escrito, se habría intentado sostener una pretensión indemnizatoria millonaria sin acreditar adecuadamente los daños alegados ni el nexo causal con los hechos investigados.

El documento sostiene que la estrategia procesal cuestionada habría buscado obtener una reparación económica superior a los 300 mil dólares mediante una acción civil derivada del proceso penal, lo que, según la presentación judicial, podría haber implicado un intento de obtener un beneficio económico indebido dentro del expediente.

La controversia se reavivó en las últimas horas a partir de cuestionamientos al rol institucional del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Críticos de la conducción del CAMDP aseguran que el organismo debería enfocarse en defender el ejercicio profesional y promover la protección del ambiente, en lugar de impulsar acciones contra abogados que participan en litigios contra empresas vinculadas a actividades contaminantes.

En ese marco, también se reprocha que desde el Colegio no se hayan emitido posicionamientos institucionales firmes frente a las denuncias por contaminación en el Puerto, un problema que vecinos y organizaciones ambientales vienen señalando desde hace años.

La situación abrió un nuevo frente de tensión dentro del foro marplatense, donde algunos profesionales reclaman que la institución mantenga una postura neutral en los conflictos judiciales y priorice el acompañamiento a los matriculados, especialmente en causas de interés público vinculadas con el ambiente y la salud colectiva.