Privatización encubierta, el sello que los trabajadores le ponen a la movida de Jorge Macri

El Gobierno de Jorge Macri avanza con la entrega a manos privadas de las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires. La preadjudicación de La Once Diez (AM 1110) y La 2x4 (FM 92.7) por los próximos cinco años quedó publicada en el Boletín Oficial porteño a favor de la Unión Transitoria que conforman las firmas Green Umbrella Producciones SAS y JR Comunicaciones SRL. La decisión despertó el rechazo inmediato de los trabajadores de esos medios, que la califican como una privatización encubierta.

En un comunicado, los trabajadores sostienen que la maniobra es plenamente inconstitucional e ilegal. Argumentan que el Jefe de Gobierno incumple el mandato de la propia Constitución de la Ciudad, cuyo artículo 47 garantiza la existencia de medios de comunicación propios destinados a difundir la actividad oficial y a promover la cultura y la educación bajo gestión estatal. A ese planteo suman la violación del artículo 44 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el principio de indelegabilidad de la explotación de las frecuencias asignadas a esos servicios.

El conflicto no es el primero en la estrategia oficial de ceder medios públicos. En una licitación anterior, el gobierno porteño adjudicó el Canal de la Ciudad al empresario Augusto Marini, al frente del Grupo Cale, dueño de los streamings Carajo y Blender, que según el comunicado actúan abiertamente como vehículos de propaganda del ex intendente de Vicente López. Los trabajadores enmarcan la entrega de las radios en esa misma línea y advierten por el destino del patrimonio público.

Frente a ese escenario, los trabajadores reiteraron su reclamo a los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones para que den lugar a la medida cautelar que ya cuenta con dictamen favorable de la Fiscalía General de esa cámara. La pretensión es que se frene el intento de ceder a un privado el patrimonio del público, que definen como el derecho a medios estatales que cumplan el rol social de brindar comunicación de calidad sin ataduras comerciales ni de otro tipo. En el expediente de la causa que iniciaron obra un informe favorable del ENaCom, donde los apoderados del organismo señalaron que la licitación se encuentra en colisión con expresas previsiones legales y reglamentarias tendientes a precaver sobre la delegación de la explotación de los medios de comunicación autorizados en su favor.

La conducción porteña también arrastra la pérdida de los históricos estudios de Radio Municipal, demolidos innecesariamente por la gestión de Jorge Macri en 2025, según denuncian los trabajadores, que ven en la nueva concesión la continuidad de ese despojo. En paralelo, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad cuestionaron el negocio del Canal de la Ciudad al señalar que el Gobierno porteño cobrará 600 millones de pesos al año, lo que representa apenas el 9,17 por ciento de los ingresos totales que la firma calcula obtener, y que una parte o incluso más de ese dinero volverá a la empresa por la vía del pago por espacios institucionales y de coproducción con organismos públicos.

Los trabajadores reivindican la función de los medios públicos en una sociedad democrática, asociada a informar con criterios de interés general, dar lugar y promover todas las voces, fomentar la cultura y generar espacios de interacción con los vecinos de la Ciudad. Esas funciones, advierten, difícilmente puedan sostenerse bajo la lógica exclusiva de la rentabilidad comercial. En ese marco recuerdan que son los profesionales que desde hace 99 años hacen llegar el Teatro Colón a todo el país y quienes desde hace 26 hacen sonar el tango en todo el mundo. El cierre del comunicado es contundente al afirmar que las radios de la Ciudad no son un negocio sino patrimonio público, y que defender los medios públicos es defender el trabajo y el derecho a una comunicación democrática, plural y de calidad.