Villarruel habilitó el voto remoto de Anabel Fernández Sagasti y el Gobierno teme un revés en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó a la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, a participar y votar de manera remota en la sesión de este jueves del Senado, donde se debatirá la reforma de la Ley de Tierras. La decisión generó preocupación en el oficialismo por el ajustado escenario parlamentario y deberá ser ratificada por mayoría simple al inicio del debate.

Fernández Sagasti fundamentó su pedido en que cursa la semana 32 de embarazo y presentó una certificación médica que le impide realizar viajes de larga distancia por vía aérea o terrestre. Además, sostuvo públicamente que la disponibilidad de herramientas tecnológicas permite garantizar su participación legislativa sin afectar el desarrollo de la sesión.

El Gobierno nacional llega a la jornada con un panorama de máxima tensión. La reforma ya había sido postergada tras un cuarto intermedio por falta de votos y, según el oficialismo, el resultado de esta sesión tendrá impacto sobre la capacidad de La Libertad Avanza para sostener acuerdos legislativos de cara a otros proyectos considerados prioritarios.

A ese escenario se sumaron en las últimas horas señales de gobernadores como Osvaldo Jaldo y Rolando Figueroa, cuyos posicionamientos alimentaron la incertidumbre sobre el resultado de la votación. Con un Senado muy dividido, el poroteo continúa abierto y cualquier modificación puede alterar el desenlace.

La sesión tendrá además una particularidad institucional: Victoria Villarruel no presidirá el debate porque ejercerá interinamente la Presidencia de la Nación durante el viaje de Javier Milei al exterior. Por ese motivo, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, será quien conduzca el tratamiento del proyecto.

La iniciativa oficial propone modificar el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, elevando el límite del 15 al 25 por ciento tras negociaciones con bloques dialoguistas, aunque mantiene restricciones para Estados extranjeros y preserva facultades de las provincias.