Revés judicial
La Justicia le puso freno a Jorge Macri y suspendió los desalojos que impulsaba por supuestos riesgos edilicios
Un amparo presentado por legisladores porteños y una asociación civil derivó en una cautelar que obliga al Gobierno de la Ciudad a garantizar alternativas habitacionales antes de expulsar familias de sus hogares.
17 de Junio de 2026
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires suspendió este miércoles los desalojos que la gestión de Jorge Macri venía ejecutando bajo el argumento de riesgos edilicios, luego de hacer lugar a una medida cautelar impulsada por legisladores porteños de Fuerza Buenos Aires y una asociación civil que cuestionaron el accionar del Gobierno porteño.
La resolución representa un fuerte revés para la administración macrista, que había encontrado en los procedimientos administrativos una herramienta rápida para avanzar sobre inmuebles habitados. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario número 2 entendió que no podían ejecutarse evacuaciones ni restricciones de ingreso a viviendas sin garantizar previamente condiciones mínimas para las familias afectadas.
El amparo fue presentado por los diputados Alejandro "Pitu" Salvatierra y Victoria Freire, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, junto a la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad. La presentación puso el foco en las consecuencias sociales de medidas que, según denunciaron, terminaban dejando a vecinos en una situación de extrema vulnerabilidad.
La cautelar ordena al Gobierno de la Ciudad abstenerse de llevar adelante desalojos o evacuaciones fundadas en razones de seguridad, salubridad o presuntos riesgos constructivos sin respetar garantías básicas para quienes habitan esos inmuebles. También establece que cualquier intervención urgente deberá ser comunicada inmediatamente al tribunal correspondiente.
El fallo además obliga a la administración de Jorge Macri a brindar una respuesta habitacional transitoria, inmediata y efectiva cuando una familia no pueda permanecer en su vivienda. Una exigencia que parece recordarles a los funcionarios porteños que detrás de cada expediente hay personas concretas y no simples números acomodados en una planilla administrativa.
La decisión judicial vuelve a colocar bajo cuestionamiento la política habitacional de la Ciudad. Mientras el oficialismo suele exhibir estadísticas y anuncios de gestión, los reclamos por el acceso a la vivienda y la asistencia a sectores vulnerables siguen acumulándose en despachos judiciales con una frecuencia que ya resulta difícil de presentar como una simple casualidad.
Victoria Freire celebró la medida y sostuvo que la Justicia puso un límite a lo que calificó como una práctica arbitraria de la gestión porteña. La legisladora denunció que el Gobierno viene utilizando mecanismos administrativos para avanzar con desalojos que afectan a cientos de familias, entre ellas numerosos niños y niñas, en un contexto donde las políticas de vivienda atraviesan un marcado retroceso.
