Mientras los porteños dan vueltas como perros buscando un árbol, Macri le pone wifi a los garages y se olvida del transporte público

La noticia llegó como un baldazo de agua fría: Jorge Macri acaba de descubrir que en la Ciudad de Buenos Aires existen más de 1.500 garages y playas de estacionamiento que funcionaban con reglas de la época en que Menem usaba patillas. Y claro, qué mejor momento para actualizar el negocio de las cocheras que cuando los porteños pasan cuarenta minutos dando vueltas como pollos degollados buscando dónde estacionar antes de que el auto se convierta en parte del paisaje urbano.

La jugada del gobierno porteño es tan previsible como un aumento de tarifas: unificar habilitaciones, meter robots y apps, y venderlo como "modernización". Pero ojo, porque la normativa no toca las cocheras particulares, no vaya a ser que algún amigo del poder se vea afectado en su negocio de alquilar el lugar donde el vecino deja su vehículo. Esa línea divisoria entre lo que se regula y lo que no tiene la misma transparencia que el presupuesto de la SIDE.

El decreto 273/2026, que lleva la firma de Sánchez Zinny (un tipo que suena a apellido de alfajor pero es el jefe de gabinete), intenta cerrar la brecha que abrió el Código Urbanístico de 2018. Casi una década después, porque la eficiencia de esta gestión tiene la velocidad de una babosa con hipoteca. Ahora resulta que los garages privados y colectivos particulares pueden pasarse a la categoría comercial sin mayores trámites, como si cambiar de rubro fuera tan sencillo como mudar la alianza de un dedo al otro.

Lo más delirante es el énfasis en los "sistemas de guarda mecanizada", que suena a nombre de programa de sci-fi de los 80. Plataformas automáticas que apilan autos como si fueran latas de atún, pero con el detalle de que no se puede aumentar ni un solo módulo de estacionamiento autorizado. Es decir, tendremos más tecnología para hacer exactamente lo mismo, como comprar una cafetera de mil dólares para seguir tomando instantáneo. La Ciudad quiere que los operadores inviertan en robots sin poder ampliar su capacidad, una ecuación que hasta un alumno de primer año del CBC entiende que no cierra.

Y mientras tanto, el tránsito porteño sigue siendo esa experiencia mística donde combinar un semáforo en rojo con un colectivo atravesado y una moto en contramano es parte del paisaje. Los estacionamientos robotizados no van a sacar los autos de la calle, pero al menos los dueños de las playas podrán cobrar lo mismo sin mover un dedo, literalmente. Porque la apuesta a las apps suena muy lindo, pero en el fondo es un guiño al negocio inmobiliario que ya tiene mordido el pastel: si la tecnología permite optimizar la ocupación, el precio del minuto de estacionamiento va a seguir subiendo como espuma de café en jarrito de loza.

El discurso de "eficiencia" y "digitalización" es tan original como un hits de Los Piojos en la Rock & Pop. El gobierno porteño se agarra de la modernidad para no hablar del verdadero problema: la cantidad absurda de autos que entran a la Ciudad todos los días, la falta de políticas serias de transporte público y una gestión que parece más preocupada por cómo se guardan los vehículos que por cómo se mueven las personas. Pero claro, regular el negocio de los garages es más fácil que enfrentar a los lobbies del automotor o pensar en serio en desincentivar el uso del auto particular.

Los datos oficiales dicen que hay espacios ociosos, pero lo que no aclaran es que esos espacios vacíos son la foto del capitalismo especulativo: dueños que prefieren tener la cochera sin usar antes que bajar el precio. Ahora, con la app de turno, van a poder ocultar ese vacío detrás de una interfaz amigable, como si una pantalla táctil pudiera maquillar la ineficiencia de un modelo que prioriza el negocio antes que la movilidad.

El decreto es, en el fondo, una operación de maquillaje. Jorge Macri se pone el traje de tecnócrata para resolver un problema que él mismo no creó pero que tampoco quiere atacar de raíz. Porque si la Ciudad realmente quisiera ordenar el tránsito, no estaría hablando de robots en los garages, sino de un sistema de transporte público que funcione, de peajes serios al ingreso y de políticas que no dependan de que cada porteño tenga que usar el auto como extensión de su casa.

Al final, la actualización normativa es la excusa perfecta para no hablar de lo que duele. El gobierno porteño se aferra a una solución marketinera que suena a Silicon Valley pero tiene el alma de una gestión que no se anima a tocar los intereses de los que realmente mandan. Y mientras tanto, los vecinos siguen haciendo slalom entre autos mal estacionados, calles cortadas y la promesa eterna de que la próxima reforma sí va a solucionar todo.

El desafío de convertir esta reforma en inversiones reales tiene más chances de fracasar que un asado vegano en una parrilla de Mataderos. Porque los operadores no van a comprar plataformas robóticas si no ven retorno, y las apps van a depender de que los dueños de los terrenos quieran compartir su negocio con emprendedores tecnológicos, algo que suena tan probable como que Cristina y Macri se saquen una selfie juntos.

La señal política, dicen, está marcada. La realidad, en cambio, es tozuda y no se deja engañar por un decreto. Mientras los robots de los garages aprenden a apilar autos, en el centro porteño un tipo con un Peugeot 208 sigue dando vueltas a la misma manzana, buscando un lugar donde dejar el coche antes de que su paciencia se convierta en la próxima obra de arte callejero de la Ciudad.