CABA: Jorge Macri convirtió los patrulleros en una aspiradora de miles de millones

La imagen del gerente eficiente que el PRO suele vender en la Ciudad de Buenos Aires recibió un nuevo sacudón. Una auditoría porteña reveló que durante el primer año de gestión de Jorge Macri se ejecutaron más de 31.600 millones de pesos para sostener el funcionamiento de la flota vehicular de la Policía de la Ciudad, en un esquema atravesado por ampliaciones millonarias, extensiones contractuales reiteradas y controles que, según el organismo de revisión, presentaron importantes deficiencias.

Los hallazgos se suman a una serie de informes que vienen exponiendo números difíciles de explicar para una administración que hizo de la palabra "eficiencia" una de sus principales marcas políticas. Primero aparecieron los más de 57 mil millones de pesos destinados a la recolección de residuos. Luego se conoció que la gestión porteña destinó más de 274 millones de pesos diarios a pauta publicitaria para grandes medios. Ahora la lupa de los auditores se posó sobre los patrulleros, las motos y los vehículos operativos de la fuerza de seguridad local.

El relevamiento examinó las contrataciones vinculadas al mantenimiento integral de la flota automotor y al abastecimiento de combustible. El presupuesto ejecutado durante 2024 alcanzó los 31.612 millones de pesos. De esa cifra, 23.581 millones correspondieron al mantenimiento de los vehículos, 7.590 millones fueron destinados al combustible y 441 millones quedaron distribuidos en otros conceptos operativos.

El dato más llamativo surge de la concentración de recursos. Cerca del 75 por ciento de todo el dinero auditado terminó en una única contratación. El contrato principal había sido adjudicado en 2021 por 2.524 millones de pesos y contemplaba una duración de apenas 24 meses. Sin embargo, la gestión encabezada por Jorge Macri lo convirtió en una suerte de cheque extensible.

Durante 2024 se aprobaron cuatro prórrogas consecutivas, se añadieron quince meses extra al plazo originalmente previsto y se autorizaron incrementos y convalidaciones por 27.090 millones de pesos. El resultado es impactante incluso para los estándares de la política argentina. El volumen de los aumentos equivale al 1073 por ciento del monto original adjudicado.

La magnitud del salto económico abre interrogantes inevitables. Un contrato concebido para costar poco más de 2.500 millones terminó navegando cifras propias de otra dimensión presupuestaria. La pregunta que sobrevuela el informe es sencilla. Si la planificación fue correcta, cuesta entender semejante explosión de costos. Si la planificación fue deficiente, el problema es igual de preocupante.

Las observaciones de la auditoría tampoco se limitaron a los números. El organismo detectó debilidades en la planificación, en el seguimiento de los contratos y en los mecanismos de supervisión aplicados sobre los servicios prestados. También señaló falencias en los controles documentales utilizados para verificar valores autorizados, trabajos realizados e insumos incorporados.

Las irregularidades alcanzaron además al servicio de provisión de combustible. Según el informe, existieron problemas de trazabilidad, validación y control sobre la información utilizada durante la ejecución contractual. En otras palabras, se administraron miles de millones de pesos bajo procedimientos que no lograron garantizar un monitoreo sólido y transparente.

La conclusión de los auditores fue contundente. El organismo responsable de gestionar estas contrataciones no contó con controles suficientes para prevenir ni corregir las debilidades detectadas. Esa falta de supervisión terminó afectando la capacidad de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos.

Para Jorge Macri, que llegó al Gobierno porteño prometiendo profesionalismo, orden administrativo y racionalidad en el gasto público, el informe representa un problema político difícil de minimizar. Porque cuando un contrato se multiplica más de diez veces respecto de su valor inicial y los organismos de control detectan fallas reiteradas en la supervisión, la discusión deja de girar alrededor de los patrulleros y pasa a enfocarse en el manejo de los recursos de los contribuyentes.