El PRO pasó años cazando Uber y ahora Jorge Macri quiere subirse al asiento del conductor

Después de una década de guerra entre taxistas, aplicaciones y funcionarios que fingían no ver lo que pasaba en cada esquina de Buenos Aires, Jorge Macri salió a anunciar con tono épico algo que millones de porteños ya resolvieron solos hace años desde el celular. El jefe de Gobierno prometió enviar a la Legislatura una reforma para regular las plataformas de viaje y modificar el sistema de taxis, como si Uber, Cabify y Didi hubieran aterrizado ayer en Palermo y no fueran parte cotidiana de la Ciudad desde hace muchísimo tiempo.

La escena tuvo bastante de sincericidio político. El propio Macri admitió que “la política fingió demencia” mientras las apps crecían en un limbo legal. Traducción porteña rápida, durante años el Estado dejó que convivieran un sistema hiperregulado y otro prácticamente libre, mientras el ciudadano hacía equilibrio entre taxistas enojados, operativos teatrales y aplicaciones funcionando a plena luz del día frente a todos. Recién ahora, cuando ya no queda prácticamente nadie discutiendo si las plataformas existen o no, aparece el PRO con casco de “innovador” a cortar la cinta de algo que llegó tardísimo.

La reforma tendrá dos carriles, un decreto para empezar a ordenar el funcionamiento de las apps y un proyecto de ley para simplificar el régimen de taxis. En otras palabras, el macrismo porteño primero dejó que el conflicto se cocinara durante años y ahora aparece como bombero del incendio que ayudó a alimentar. Un clásico de la política argentina, generar laberintos burocráticos y después anunciar con conferencia de prensa que encontraron la salida.

Entre los cambios para las aplicaciones aparecerán exigencias como licencia profesional, VTV al día y seguros específicos. Requisitos razonables que inevitablemente abren otra discusión incómoda, si todo esto era tan necesario para la seguridad de los pasajeros, ¿por qué la Ciudad tardó tanto en aplicarlo? Porque mientras los funcionarios hablaban de “innovación”, la regulación seguía archivada en algún cajón del Gobierno porteño junto a las promesas eternas del subte a Lugano y las obras mágicas de cada campaña.

Para los taxis, el proyecto promete alivianar un sistema que el propio Ejecutivo calificó como obsoleto. Chau uniforme obligatorio, menos trabas administrativas, más flexibilidad para los vehículos y reducción de costos. Básicamente, el Gobierno reconoció que durante años sostuvo un esquema lleno de requisitos ridículos que hacía más difícil trabajar sin mejorarle la vida a nadie. El problema es que la revelación llega después de años de deterioro del sector y cuando muchos choferes ya quedaron afuera de competencia frente a las plataformas.

Macri intentó vender la iniciativa como una defensa de “la libertad de los usuarios”, una frase que en la política actual funciona para todo, desde desregular apps hasta justificar aumentos. Pero detrás del packaging marketinero aparece una realidad menos glamorosa, la Ciudad pasó años mirando cómo crecía un conflicto enorme sin tomar decisiones de fondo y ahora intenta presentarse como árbitro neutral cuando el partido ya va por el suplementario.

La discusión también deja expuesta otra postal incómoda del PRO porteño, esa obsesión por anunciar “modernizaciones” que en realidad consisten en aceptar fenómenos que la sociedad ya adoptó hace rato. Como si el Estado viviera varios semáforos atrás de la avenida real. Mientras los usuarios resolvían sus viajes con el celular, el Gobierno seguía atrapado entre expedientes, regulaciones viejas y discursos de ocasión.

Si la reforma avanza en la Legislatura, la Ciudad finalmente empezará a formalizar una convivencia que existe desde hace años en los hechos. El problema para Jorge Macri es que el anuncio no suena tanto a revolución del transporte como a reconocimiento tardío de una derrota burocrática que el propio poder político dejó crecer durante demasiado tiempo.