Entre pilotes y marketing, Jorge Macri juega a la mano dura mientras la villa paga la cuenta

Jorge Macri decidió que gobernar también puede parecerse a un set de campaña permanente: fotos, videos, policía en escena y una consigna fácil de digerir. “Ley y orden”, escribió, como si con eso alcanzara para resolver un problema estructural que lleva décadas. En la práctica, lo que aparece es otra cosa: corralones clausurados, ingreso de materiales bloqueado y controles en los accesos a un barrio donde viven casi 30 mil personas. El slogan entra bien en Instagram, pero en el territorio empieza a hacer ruido.

Las imágenes difundidas por el propio gobierno muestran operativos policiales, cierres de comercios y fiscalizaciones. Del otro lado, los vecinos hablan de persecución. Denuncian ingresos a locales sin orden, secuestro de garrafas y materiales, y obstáculos para trabajadores informales como cartoneros y recicladores. La escena tiene algo de déjà vu: cada tanto, la política redescubre la villa como problema y la trata como si fuera un territorio a disciplinar, no a integrar.

El argumento oficial se apoya en la “falta de habilitación” de los comercios. Pero ahí aparece la letra chica que incomoda: la Ley 6129 de Reurbanización del Barrio Mugica contempla excepciones justamente porque muchas condiciones edilicias hacen imposible cumplir con la normativa estándar. El Ministerio Público de la Defensa pidió una mesa de trabajo urgente. Hasta ahora, silencio. El diálogo parece haber quedado archivado junto con la idea de integración urbana.

En paralelo, las medidas generan efectos que no entran en el spot: calles cerradas con pilotes que complican el ingreso de ambulancias y bomberos, vecinos que no pueden mejorar sus casas porque no ingresan materiales, y una sensación creciente de aislamiento. La política del “orden” empieza a parecerse más a una postal de control que a una solución concreta.

El contraste con la gestión anterior es evidente. Durante los años de Horacio Rodríguez Larreta se impulsaron procesos de integración sociourbana con miles de viviendas construidas en distintos barrios populares, incluido el Mugica. No era perfecto ni alcanzaba, pero había una dirección: integrar. Con la llegada de Jorge Macri a Uspallata, ese camino se frenó y fue reemplazado por una lógica más alineada con el clima político nacional: menos urbanización, más control.

El problema es que esta receta ya fue probada, y falló, en distintas ciudades del mundo. Experiencias en Brasil y Colombia muestran que la erradicación o la presión policial no reducen la informalidad urbana, mientras que la mejora de infraestructura, servicios y vivienda sí logra resultados sostenidos. No es ideología: es evidencia.

Mientras tanto, el propio Macri admite que su foco está en “la clase media”, aunque su principal anuncio fue una baja en créditos hipotecarios accesibles solo para una minoría acomodada. El resto, incluidos los habitantes de barrios populares, queda atrapado en una política que promete orden, pero no resuelve el fondo del problema.

En ese escenario, la pregunta no es qué busca la ofensiva en la Villa 31, sino cuánto dura. Porque cuando la política se limita a mostrar control sin ofrecer soluciones, el efecto suele ser corto: mucho ruido, poca transformación y un conflicto que sigue creciendo, aunque no entre en la foto.