Fotomultas: Alak rompió con el sistema massista, pero sostiene a una empresa denunciada por vínculos con Milei

El negocio de las fotomultas en La Plata vuelve a quedar en el centro de una controversia que combina contrataciones millonarias, investigaciones judiciales e internas políticas. El intendente Julio Alak decidió romper con el Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), a cargo del Ministerio de Transporte bonaerense que conduce el massista Martín Marinucci, aunque mantiene en la capital provincial la operatoria de TNG, una firma vinculada a Alejandro Trasmonte que ahora enfrenta cuestionamientos parlamentarios por sus acuerdos comerciales con el gobierno de Javier Milei.

La decisión municipal se concretó en mayo de este año, cuando La Plata rescindió el convenio de procesamiento de infracciones con la Provincia, en medio de cuestionamientos sobre la trazabilidad de las multas y la distribución de lo recaudado. Sin embargo, la salida del SACIT no implicó el desplazamiento de TNG, que continúa vinculada a la prestación tecnológica del sistema platense y avanza, según la información disponible sobre la operatoria local, con la instalación de nuevos dispositivos de fiscalización electrónica cuyas habilitaciones aún generan interrogantes.

El negocio de las 30 mil fotocopiadoras que llegó al Congreso

La empresa de Trasmonte quedó recientemente en el centro de una investigación periodística por el alquiler de unas 30.000 fotocopiadoras a organismos del Estado nacional. Durante 2025, TNGroup registró operaciones por 21.412 millones de pesos mediante contratos de impresión, copiado y digitalización con dependencias del gobierno de Milei, entre ellas ANSES, ARCA y otras áreas de la administración pública.

La polémica no se limita al volumen de dinero. Según los cuestionamientos difundidos, el Estado habría pagado alrededor de 2,4 millones de pesos anuales por el alquiler de equipos cuyo precio de compra se estimaba en 1,4 millones. Esa comparación abrió interrogantes sobre la conveniencia económica de las contrataciones, aunque para evaluarla deben considerarse los servicios de mantenimiento, los insumos y las prestaciones incluidos en los acuerdos.

El negocio se desarrolló bajo un acuerdo marco aprobado mediante la decisión administrativa 902/2024, firmada por Guillermo Francos y Diana Mondino. La diputada nacional Marcela Pagano impulsó ocho pedidos de informes para conocer los procedimientos de adjudicación, los precios y los mecanismos de control. La controversia también alcanzó a las contrataciones realizadas por el Ejército durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa.

La exposición nacional de TNGroup agrega un elemento incómodo para Alak, uno de los intendentes más cercanos a Axel Kicillof, quien mantiene una confrontación política permanente con Milei.

Cámaras cuestionadas y una interna que llega hasta Kicillof

La situación se agrava por los cuestionamientos sobre las habilitaciones de las cámaras atribuidas a TNG que se instalan en distintos puntos de la ciudad. La colocación de los equipos no equivale a su autorización para labrar infracciones, por lo que resulta necesario establecer si cuentan con los permisos técnicos y administrativos exigibles. Hasta el momento, la falta de aval denunciada para los nuevos dispositivos debe ser corroborada mediante documentación oficial.