Jorge Macri le pone el bozal al Estatuto Docente con presentismo encubierto y menos derechos

Jorge Macri avanzó con una reforma laboral docente por decreto que instaura un presentismo encubierto, limita licencias, modifica los concursos y devalúa la trayectoria profesional. Un nuevo avance contra la educación pública que se suma a BA Aprende y exige una respuesta unificada de toda la comunidad educativa.

Mientras gran parte de la atención pública estaba puesta en el Mundial y en la previa del receso invernal, el Gobierno de Jorge Macri y la ministra de Educación Mercedes Miguel firmaron el Decreto 256/2026. La implementación plena está prevista para 2027, pero la reforma ya quedó establecida y representa el ataque más frontal a las condiciones laborales de la docencia porteña en los últimos años.

Lejos de tratarse de una "modernización" y "mejora", como intenta presentarla el Gobierno, la reforma constituye una verdadera modificación laboral sobre el conjunto de la docencia. El eje ya no es garantizar mejores condiciones para enseñar, sino disciplinar a quienes trabajan en las escuelas mediante un régimen de premios y castigos que recuerda a las reformas laborales impulsadas por Javier Milei para el resto de los trabajadores.

Uno de los cambios más cuestionados es la incorporación de un presentismo encubierto. Con la nueva reglamentación, quienes no alcancen el 90 por ciento de asistencia ya no podrán acceder a las calificaciones de "Sobresaliente" o "Muy Bueno", salvo excepciones muy restringidas. En los hechos, enfermarse, utilizar determinadas licencias o incluso ejercer el derecho de huelga podrá afectar directamente la carrera docente.

La reforma también reduce de cinco a tres días la licencia por examen, restringe las licencias por razones particulares para quienes tienen más de un cargo y concentra en el Ministerio decisiones que hasta ahora tomaban las propias escuelas. Desde distintos sectores docentes denuncian que el objetivo es instalar un régimen donde ir a trabajar enfermo se transforme en una norma. Mientras hablan de "profesionalización", castigan a quienes estudian para seguir formándose, dificultan el acceso a licencias y aumentan el control burocrático sobre la tarea docente.

Otro de los aspectos centrales de la reforma es la modificación de la carrera docente. La antigüedad pierde peso en los concursos, desaparecen antecedentes pedagógicos y culturales como publicaciones o investigaciones, aumenta la incidencia de la Licenciatura en Gestión de la UNicaba y otras facultades privadas como la San Andrés para acceder a cargos directivos, los concursos pasan a realizarse cada dos años y se limitan los traslados durante los primeros años de desempeño.

La misma lógica meritocrática que se viene promoviendo para toda la sociedad. Se reemplaza el reconocimiento de la trayectoria construida en las escuelas por un sistema de evaluación individual que desconoce las condiciones reales en las que trabaja la docencia. En la Ciudad que se autoproclama "educativa", ser un maestro con años de experiencia vale menos que un cursito express de gestión.

La reforma también tiene un fuerte impacto de género. La docencia es uno de los sectores más feminizados de la clase trabajadora. Miles de docentes sostienen, además de su trabajo en las escuelas, las tareas de cuidado en sus hogares. En ese contexto, imponer un régimen de presentismo y restringir licencias significa castigar especialmente a quienes enfrentan una doble o triple jornada laboral.

Lejos de valorar el trabajo cotidiano que sostiene la escuela pública, el Gobierno busca más control, disciplinamiento y menos derechos para sus trabajadoras. El PRO, ese partido que se llena la boca con los "valores de la familia", le declara la guerra a las mujeres que crían hijos mientras intentan sostener el sistema educativo con alambre.

El decreto forma parte de la misma orientación que expresa BA Aprende, los cierres de cargos en la educación de adultos, el recorte de comisiones en los Institutos de Formación Técnica Superior, los ataques a los docentes de EDI en los terciarios y el vaciamiento de distintos programas educativos. En todos los casos, el Gobierno de Jorge Macri y Mercedes Miguel avanza sobre los derechos laborales docentes y modifica la organización escolar sin consultar a quienes enseñan y estudian todos los días.

Al mismo tiempo, estos cambios buscan debilitar la organización colectiva. Así como la declaración de la educación como servicio esencial pretende limitar el derecho de huelga, la reforma del Estatuto utiliza el presentismo y la carrera docente como mecanismos de disciplinamiento para limitar la protesta. Es la misma receta que usan en las fábricas, pero con olor a tiza y pizarrón.

Las experiencias en las escuelas secundarias muestran que sí es posible enfrentar estas políticas. Los estudiantes del Yrurtia lograron frenar el ingreso de su escuela a BA Aprende mediante una toma y la organización de toda la comunidad educativa. El Lola Mora, la Nini Marshall, el Comercial 35, el Lengüitas y otras escuelas secundarias comenzaron a coordinar acciones comunes contra la reforma educativa, acompañados por docentes, familias, estudiantes terciarios y Ademys.

Ese camino marca una perspectiva también para la docencia. No alcanza con rechazar el decreto en declaraciones como viene haciendo ante los últimos años de ataques la conducción de UTE. Hace falta discutir esta reforma en cada escuela, convocar asambleas, exigir plenarios de delegados con mandato, impulsar un plan de lucha y coordinar con estudiantes y familias que ya vienen enfrentando el ajuste educativo. No podemos volver a clases después del receso como si nada hubiera pasado.

La reforma del Estatuto y BA Aprende forman parte de un mismo proyecto político que busca una escuela más regimentada y con menos derechos para docentes y estudiantes. Frente a esa ofensiva, la salida no puede ser individual. Como vienen mostrando las comunidades educativas que hoy enfrentan BA Aprende, la fuerza para derrotar estas reformas está en la organización desde abajo y en la coordinación y unidad entre docentes, estudiantes y familias para defender el derecho a la educación pública.