La Plata vuelve a oler a ñoquis aunque Alak prometa transparencia

La gestión de Julio Alak vuelve a quedar bajo la lupa por una denuncia que, según el documento conocido en las últimas horas, sería presentada ante la Justicia por presuntas irregularidades en la administración de personal de la Municipalidad de La Plata. La presentación menciona un supuesto esquema de designaciones irregulares y el cobro de salarios mediante terceros, una mecánica que, de confirmarse, abriría un nuevo frente para una administración que hizo de la transparencia una bandera discursiva.

El escrito sostiene que uno de los protagonistas sería un exconcejal del PRO que habría mantenido una relación política con el actual intendente y que, pese a no desempeñar funciones públicas, estaría vinculado al cobro de varios salarios utilizando nombres de terceros. Se trata de una acusación que, por el momento, integra el contenido de una denuncia y deberá ser investigada por la Justicia antes de establecer responsabilidades.

En la política argentina suele decirse que cuando faltan respuestas aparecen los sellos, los nombramientos y las designaciones. Si la denuncia prospera, la discusión dejará de ser cuánto recauda el municipio y pasará a ser quién cobra, por qué cobra y qué trabajo realiza. Porque una cosa es ampliar el Estado y otra muy distinta es convertir la nómina municipal en una caja negra donde los vecinos ponen los impuestos y otros, presuntamente, retiran los sueldos.

El documento también afirma que existirían personas cercanas, conocidos y presuntos prestanombres que habrían sido utilizados para percibir haberes, además de deslizar un trasfondo político vinculado a disputas internas en La Plata. Son afirmaciones incluidas en la denuncia que todavía no cuentan con una resolución judicial y que, precisamente por su gravedad, requerirán ser corroboradas durante una eventual investigación.

La documentación difundida incorpora incluso una copia de un recibo de haberes correspondiente a junio de 2026, con un sueldo neto superior a 1,27 millones de pesos, presentado como parte del material que acompañaría la futura denuncia. La autenticidad y el alcance probatorio de esa documentación también deberán ser determinados en sede judicial.

Mientras tanto, la gestión de Alak enfrenta una pregunta que excede cualquier discurso sobre eficiencia administrativa. Si todo resulta falso, tendrá la oportunidad de demostrarlo en los tribunales. Pero si la investigación confirma siquiera una parte de estas sospechas, el relato de la transparencia correrá el riesgo de terminar archivado en el mismo cajón donde la política suele guardar las promesas de campaña.