La reforma estrella de Macri se cae a pedazos: despidos masivos y escuelas porteñas convertidas en aguantaderos

El relato oficial del gobierno porteño asegura que la reforma educativa es un salto hacia la excelencia. Pero en las escuelas, la realidad se parece más a un concurso de supervivencia que a una apuesta pedagógica. Quince meses después del lanzamiento del programa Buenos Aires Aprende, las aulas porteñas empezaron a mostrar el verdadero rostro de la iniciativa: el de una motosierra invisible pero quirúrgica que no distingue entre materias, turnos ni jerarquías docentes.

Los gremios ya no hablan de molestias administrativas ni de ajustes menores. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) emitió un comunicado que no da lugar a interpretaciones: denuncian "fragilidad institucional" y una "contradicción estructural" porque el gobierno exige cambios pedagógicos profundos sin ofrecer las condiciones materiales mínimas para sostenerlos. O en criollo: quieren que las escuelas funcionen como startups tecnológicas, pero con presupuesto de kiosco de diarios.

Para entender la magnitud del golpe, basta con observar la Escuela Técnica número 34 Ing. Enrique Hermitte. Allí, la materia Educación Ciudadana pasó de tener diez docentes a solo dos. Ambos deben cubrir 13 cursos cada uno, como si se tratara de un mago que saca conejos del sombrero pero sin sombrero y sin conejos. El profesor Nicolás Martinovich, que trabajó allí desde 2022, quedó fuera del equipo y recaló en la Técnica número 17 del distrito 13. Su testimonio es la postal de un sistema que expulsa a los profesionales como quien descarta muebles viejos: sin contemplaciones, sin aviso y con la certeza de que siempre habrá otro dispuesto a hacer el mismo trabajo por menos dinero y con más horas de cursada.

Pero la sangría no termina en la secundaria. El gobierno porteño también metió mano en la Asistencia Alimentaria con una destreza digna de un cirujano de la negligencia. En apenas 96 horas, el ministerio de Educación recortó más de 3.300 millones de pesos del presupuesto destinado a viandas escolares. Esa plata no se perdió: se redirigió a otros sectores, porque en la Ciudad de Buenos Aires siempre hay prioridades más urgentes que los pibes que van a clases sin haber comido. El dato no es menor: primero sacaron 860 millones, luego otros 2.450 millones. Dos resoluciones, un mismo destino: vaciar el plato de los chicos para llenar otros bolsillos.

Mientras tanto, la Educación Especial recibe su propio capítulo de ajuste. La resolución 860/2025, firmada por el propio Jorge Macri, dispuso el traslado de equipos interdisciplinarios fuera de las escuelas especiales, justo cuando más se los necesita. Como corolario, el miércoles pasado estudiantes con discapacidad, junto a sus familias y docentes, coparon la Legislatura porteña para frenar una medida que busca excluir a los alumnos sordos y ciegos mayores de 22 años. Emilce Centurión, madre de un adolescente con discapacidad intelectual, lo dijo con la claridad que dan los años de lucha: ya sufrieron esto en 2022 con Larreta, y ahora Macri llegó para profundizarlo. Porque en el PRO, el legado no se mide en puentes ni escuelas, sino en cuánto pueden seguir recortando sin que explote todo.

El gremio ADEMYS tampoco se quedó de brazos cruzados: paro de 24 horas y movilización a las puertas de la UniCABA, donde se celebraba un congreso sobre la reforma educativa. La secretaria general del sindicato, Soledad Mosquera, fue contundente al señalar que detrás del discurso oficial se esconden despidos encubiertos y una precarización laboral que ya no puede negarse. La pregunta que flota en el aire es simple: ¿de qué sirve reformar la educación si el primer paso es desfinanciarla y el segundo, echar a los que enseñan?

Las escuelas porteñas se están convirtiendo en laboratorios del ajuste, pero sin ética ni protocolo. Y mientras Jorge Macri posa con sonrisa de gestor moderno, los docentes hacen malabares para dar clase a 13 cursos, los chicos comen menos y los estudiantes con discapacidad pelean por no quedar afuera del sistema. Todo bajo el mismo techo de una reforma que prometía calidad y terminó siendo un manual de cómo desarmar la educación pública en tiempo récord. El problema no es que el gobierno no vea lo que pasa: es que lo ve, lo sabe, y aún así sigue adelante.