Metrodelegados evalúan denunciar a Jorge Macri por el operativo represivo y desmedido que terminó con tres detenidos

El sindicato de Metrodelegados evalúa avanzar judicialmente contra el Gobierno de la Ciudad de Jorge Macri por el operativo policial que terminó con la detención de tres representantes gremiales y desencadenó un paro total del subte. El abogado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Guillermo Gianibelli, advirtió que la gestión porteña podría haber incurrido en abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacción contra la libertad sindical.

En declaraciones a Mundo Gremial, el letrado sostuvo que los hechos deben analizarse en el marco de una disputa laboral por las sanciones aplicadas a un trabajador. Según explicó, a partir de una denuncia de Emova, la empresa concesionaria del servicio, se intentó impedir la protesta mediante la intervención policial, lo que derivó en la imputación de tres trabajadores por resistencia a la autoridad.

Gianibelli identificó tres figuras jurídicas que podrían alcanzar a la gestión porteña. Mencionó el abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público, contemplados en el artículo 248 del Código Penal, la coacción para privar del ejercicio de la libertad sindical, prevista en el artículo 158, y una presunta violación del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo.

El abogado fundamentó su planteo en la intervención de distintos actores en el conflicto. Señaló al Gobierno de la Ciudad como autoridad pública, a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) como empresa estatal porteña y titular del servicio, y a la firma Emova como empleadora de los trabajadores. Según su interpretación, la actuación de estos actores debe evaluarse teniendo en cuenta sus respectivas responsabilidades y la relación entre las decisiones adoptadas en el conflicto laboral y la intervención de las fuerzas de seguridad.

El letrado vinculó las detenciones con los antecedentes judiciales que involucran a representantes y trabajadores del subte. Sostuvo que el episodio forma parte de una persecución que el gremio denuncia desde hace un año. Por el momento, aclaró que el sindicato todavía no presentó una denuncia judicial contra las autoridades porteñas y que la organización se encuentra analizando los pasos legales a seguir.

El operativo ocurrió el martes 20 de octubre en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, en el barrio porteño de Villa Urquiza. El conflicto se había originado por la suspensión de un trabajador y por el reclamo gremial contra la tercerización de tareas de mantenimiento que, según la AGTSyP, corresponden al personal propio de Emova. En ese contexto, los trabajadores realizaron una protesta que incluyó la apertura de molinetes y de una puerta de emergencia para permitir el ingreso o egreso de pasajeros sin pagar el boleto.

La intervención de la Policía de la Ciudad derivó en la detención de Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara. Posteriormente, también fue detenido el secretario general del sindicato, Néstor Segovia. El operativo motivó la decisión de los Metrodelegados de paralizar las seis líneas de subte y el Premetro para reclamar la liberación de sus compañeros, una interrupción del servicio que se extendió durante alrededor de cinco horas.

La fiscal Celsa Ramírez, involucrada en los hechos del martes en el subte, vuelve a quedar en el centro de la polémica tras su intervención en la investigación por presunta asociación ilícita contra 171 trabajadores del subte. Emova y SBASE denunciaron y se constituyeron como querellantes. Ramírez está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 35 de la Ciudad de Buenos Aires y lleva adelante la investigación, en el marco de medidas gremiales durante 2024 y 2025 por la presencia de asbesto en las formaciones y reclamos laborales.

El abogado cuestionó la utilización de la figura de asociación ilícita para investigar acciones vinculadas con la actividad sindical y advirtió que la causa funciona como una herramienta de presión sobre los trabajadores. Explicó que los trabajadores están declarando de a tandas de tres por día. Consideró improcedente encuadrar la actividad sindical en esa figura penal y sostuvo que la incorporación de nuevos hechos amplía el alcance de la causa y mantiene bajo sospecha a empleados por su pertenencia al subte y su afiliación a la AGTSyP.

El letrado fue categórico sobre el expediente. Afirmó que la tipificación de asociación ilícita a la actividad de un sindicato es un dislate y que utilizan dicha causa para seguir incorporando nuevos hechos, como una megacausa embudo, lesionando todas las garantías y poniendo en estado de sospecha por el solo hecho de ser trabajador del subte y afiliado a la AGTSyP. Además, sostuvo que la causa no tiene ninguna posibilidad de prosperar, aunque advirtió que su continuidad condiciona a los trabajadores y busca ejercer presión sobre la organización gremial.

La discusión judicial se suma al conflicto laboral con Emova, que incluye el rechazo a las sanciones aplicadas a trabajadores y la denuncia sindical por la tercerización de tareas de mantenimiento. La eventual presentación judicial contra el Gobierno de Jorge Macri por el operativo y las detenciones podría abrir un nuevo capítulo en la disputa por los límites de la intervención estatal en los conflictos laborales y las garantías para el ejercicio de la libertad sindical.