CABA: Jorge Macri achicó un refugio y dejó a las víctimas haciendo fila para protegerse

La denuncia expone una de las decisiones más controvertidas de la gestión de Jorge Macri en materia social. Según las trabajadoras del Refugio Mariquita Sánchez, el Gobierno de la Ciudad desalojó en apenas dos días el histórico dispositivo especializado en violencia de género y trata de personas, dejando atrás más de cuatro décadas de trabajo para trasladar a las familias a un espacio considerablemente más reducido.

El dato que más ruido genera es difícil de maquillar. Donde antes había lugar para 47 personas, ahora sólo quedan 16 plazas disponibles. En una ciudad que suele exhibir campañas institucionales sobre inclusión, diversidad y protección de derechos, la ecuación parece haber quedado patas para arriba. Las necesidades crecen y la respuesta estatal se achica.

La situación adquiere una dimensión todavía más llamativa porque el edificio original había sido sometido a una remodelación integral iniciada en 2022 y concluida a fines de 2024. Habitaciones renovadas, espacios comunes, áreas para entrevistas, oficinas destinadas al resguardo de documentación sensible y sectores recreativos para las infancias formaban parte de una infraestructura diseñada específicamente para asistir a personas atravesadas por situaciones extremas de violencia.

Las trabajadoras sostienen que el inmueble fue cedido al sector privado y apuntan contra la Fundación Apertura y CIS Nuevos Rumbos. Desde su perspectiva, la decisión no responde a una mejora del servicio ni a una reorganización eficiente, sino a una lógica que termina desplazando una política pública consolidada para darle otro destino a un espacio que había sido reacondicionado con recursos estatales.

Las consecuencias, aseguran, ya son visibles. Mujeres, niños y diversidades que necesitaban protección fueron trasladados a un lugar que describen como reducido, sin privacidad suficiente y con condiciones que consideran incompatibles con la complejidad de las situaciones que allí se atienden. Cuando un refugio pierde capacidad, advierten, no desaparecen los casos de violencia. Lo único que desaparece es el espacio disponible para asistirlos.

Por eso las trabajadoras califican la medida como un retroceso en las políticas públicas de género y sostienen que vulnera derechos básicos protegidos por normativas nacionales e internacionales. En una administración que suele hablar de eficiencia y modernización, el resultado que denuncian es bastante menos glamoroso. Menos camas, menos espacio y menos capacidad de respuesta para quienes llegan golpeadas por algunas de las situaciones más dramáticas que puede atravesar una persona.