Con la VTV como excusa, Jorge Macri mete otro tarifazo y convierte el control en caja fina

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicó un nuevo aumento del 28 por ciento en la Verificación Técnica Vehicular y llevó el costo a 96.968,19 de pesos para autos y 36.459,72 para motos, en una medida que vuelve a golpear directo al bolsillo de quienes no tienen alternativa más que pagar para circular.

El ajuste es el segundo en lo que va del año y empuja la suba acumulada al 53 por ciento en 2026, muy por encima de cualquier relato de “orden” o “eficiencia” que suele bajarse desde el despacho porteño. Hasta hace semanas, el trámite costaba 75.756 de pesos para vehículos particulares y 28.484 para motos, lo que deja en evidencia la velocidad con la que se recalibran los números cuando se trata de recaudar.

Desde el entorno de Jorge Macri salieron a justificar el incremento con el clásico argumento de los costos y la ecuación económica de las concesionarias, una explicación que en la práctica suena más a traducción elegante de lo que en la calle se resume fácil, si suben los costos, lo paga el vecino, si no suben, también.

El dato político no pasa solo por el porcentaje sino por la lógica. Un servicio obligatorio que depende del Estado pero se gestiona con privados termina funcionando como una caja garantizada. No hay margen para elegir, no hay competencia real y la seguridad vial queda como argumento mientras la factura llega puntual.

Con este aumento, la Ciudad queda prácticamente alineada con la provincia de Buenos Aires, donde los autos pagan 97.057,65 de pesos y las motos 38.823,06, una coincidencia que deja sabor a coordinación más que a casualidad. En términos prácticos, manejar en el AMBA se parece cada vez más a pagar una suscripción mensual encubierta.

La obligatoriedad sigue intacta. En CABA deben hacer la VTV los autos a partir de los cuatro años o cuando alcanzan los 64.000 kilómetros. Si no superan los siete años y los 84.000 kilómetros, la vigencia es de dos años, luego pasa a ser anual. En motos, la exigencia corre desde el primer año, mientras que los cero kilómetro quedan exceptuados hasta cumplir esos plazos.

También hay excepciones en el pago para jubilados con ingresos de hasta dos haberes mínimos, personas con discapacidad y vehículos destinados a servicios públicos. Sin embargo, la masa de conductores queda atrapada en un sistema donde el trámite es obligatorio y cada actualización pega como un impuesto más, aunque no se lo llame así.

El castigo por no cumplir tampoco es menor. No tener la VTV vigente implica multas de casi 95.000 de pesos y circular sin haberla realizado o con el control vencido puede trepar a cerca de 380.000, un combo que transforma la verificación en una obligación sin escapatoria, donde pagar caro o pagar más caro termina siendo la única decisión posible.