Del Plan Sarmiento a la radio policial: el recorte de Jorge Macri del 30 por ciento que deja a las escuelas sin computadoras

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad un informe que dejó al descubierto un recorte del 30,16 por ciento en el presupuesto del Plan Sarmiento durante 2025 y una reasignación de fondos que terminó con 11.752 millones de pesos destinados a comunicaciones de la Policía de la Ciudad. El programa, pensado para garantizar el acceso a equipamiento tecnológico en las escuelas, pasó de un presupuesto inicial de 78.778 millones a uno de 55.017 millones, según el relevamiento del organismo de control correspondiente al ejercicio 2025 y aprobado el 30 de septiembre de 2026.

El destino de los recursos es uno de los puntos más sensibles del informe. En noviembre de 2025, la gestión de Jorge Macri reasignó 25.386 millones de pesos del Plan Sarmiento, de los cuales 11.752 millones fueron a parar a comunicaciones de la Policía de la Ciudad, mientras que menos del 1 por ciento permaneció dentro del área educativa. La presidenta de la AGCBA, Mariana Gagliardi, cuestionó esas prioridades a través de un hilo en su cuenta de X, donde preguntó qué está pasando con el Plan Sarmiento en la Ciudad y advirtió sobre las consecuencias de reducir recursos destinados a tecnología educativa.

La auditoría también detectó problemas estructurales en la administración del programa. El Plan Sarmiento no cuenta con metas físicas concretas ni con mecanismos de evaluación de resultados, lo que impide conocer cuántos equipos se proyecta entregar y medir el cumplimiento de esos objetivos. Si bien los auditores pudieron verificar la entrega de netbooks y tablets a establecimientos educativos, encontraron faltantes de documentación y debilidades en el seguimiento de otras adquisiciones, entre ellas equipamiento destinado al centro tecnológico TUMO.

El sistema de contrataciones a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) también quedó en la mira. Según la Auditoría, el Gobierno porteño realiza pagos anticipados sin que previamente se haya producido la recepción efectiva de los bienes y la verificación de las condiciones de compra. Esas deficiencias dificultan la trazabilidad del equipamiento adquirido y limitan la capacidad del Estado para controlar el uso de los fondos públicos.

Gagliardi fue contundente respecto de las responsabilidades de la gestión. La funcionaria sostuvo que Jorge Macri tiene que explicar por qué se recortan recursos destinados a tecnología educativa mientras persisten graves problemas de planificación y control, y cerró su publicación con una definición sobre el debate de fondo. La educación pública necesita inversión y transparencia, no menos recursos, concluyó la titular de la AGCBA.

El informe deja planteada una discusión que excede el monto invertido en tecnología educativa. La combinación de recortes presupuestarios, falta de planificación y controles insuficientes sobre contrataciones millonarias pone en duda no solo cuánto destina la Ciudad al área, sino también cómo administra esos recursos y qué garantías existen de que lleguen efectivamente a las escuelas.