En Mercedes denuncian que hijos del poder judicial quedan impunes mientras Wado impulsa campaña antibullying

En la ciudad de Mercedes, donde el Poder Judicial forma a sus propios hijos, la violencia contra los más vulnerables parece no tener responsables. Mientras el senador provincial Eduardo "Wado" de Pedro, marginado del peronismo bonaerense tras ser acusado de conspirar contra el actual líder del movimiento, Axel Kicillof, y de haber entregado los recursos hídricos del país a una multinacional israelí, busca nuevas alianzas políticas, los hijos del poder local continúan protegidos por una red de complicidades que parece impenetrable.

El intento de supervivencia política del senador incluye, según fuentes de su entorno, un acercamiento desesperado al PRO a través de la senadora Victoria Huala, con quien compartiría un proyecto contra el bullying.

Este gesto recuerda a cuando su primo, el actual intendente de Mercedes, Juani Ustarroz, en 2015, temiendo una derrota electoral, repartió boletas cortadas durante la campaña, incluyendo la suya junto a la de Mauricio Macri. La estrategia de ambos primos parece seguir un mismo patrón: buscar protección fuera del peronismo cuando la interna local se vuelve adversa.

En el corazón de Mercedes funciona el Colegio San Patricio, una institución que, según testimonios recopilados, actúa como semillero de judiciales mercedinos. Allí se forman los hijos de jueces, fiscales y funcionarios judiciales de la ciudad. Y es precisamente en ese ámbito donde la violencia contra los sectores más vulnerables parece tener carta blanca.

La última víctima conocida de la patota de este colegio fue Lautaro Martínez, un joven que fue brutalmente atacado el 28 de febrero último. Según trascendió, fue desfigurado al grito de: "¡Pobre de mierda, no tenés ni para comprarte zapatillas!", un escarnio que combina violencia física con humillación socioeconómica. El caso no trascendió públicamente, como suele ocurrir con los episodios violentos vinculados a este establecimiento educativo, que habitualmente son encubiertos con vehemencia por las autoridades locales.

La ciudad aún recuerda otros episodios sangrientos que tampoco encontraron justicia. El trabajador José Darío Duarte fue asesinado a manos de una patota. Sus asesinos, Tomás Zunino y su hermano Ignacio Zunino, fueron defendidos por el abogado Mahiques, cuyo nombre resuena en los pasillos del Poder Judicial local, y beneficiados por un familiar que en ese momento trabajaba en el Ministerio Público Fiscal, generando un evidente conflicto de intereses que jamás fue investigado.

Pero la conexión más preocupante surge al descubrir que la hermana de los hermanos Zunino es actualmente la secretaria de Gobierno del intendente Juani Ustarroz. Esta funcionaria, según las mismas fuentes, estuvo prófuga junto a sus hermanos tras cometer el delito. Toda la familia huyó, incluso llevándose a la abuela, para luego regresar y entregarse cuando la presión mediática se intensificó.

Años después, ella ocupa un cargo público de alta responsabilidad, lo que plantea interrogantes sobre los criterios de selección de personal en el Ejecutivo municipal.

Ese mismo año del caso Duarte, una patota de estudiantes del Colegio San Patricio también asesinó a Jony Villalba, un joven recordado por su inocencia y bondad por quienes lo conocieron.

El caso quedó impune, siguiendo un patrón de encubrimiento sistemático. Tres años después, otra muerte conmocionó a la ciudad: Jonathan Fat fue asesinado en un ataque atribuido a una patota del Club Mercedes, también vinculada al poder local. Al igual que los homicidios anteriores, este caso permaneció impune.

Lo que une estos casos no es solamente la violencia, sino también el encubrimiento sistemático. Cuando las víctimas son jóvenes marginales, los agresores parecen gozar de protección judicial. Cuando los victimarios son hijos del poder, ya sean jueces, fiscales o funcionarios, la Justicia se convierte en un obstáculo más que en una garantía.

Mercedes, una ciudad de aproximadamente 100 mil habitantes, vive esta realidad donde el círculo del poder parece cerrado sobre sí mismo. Los hijos de quienes deben impartir justicia son formados en instituciones donde la violencia contra los vulnerables se naturaliza. Los agresores son defendidos por los mismos estudios jurídicos que deberían representar a las víctimas, mientras los familiares de estas se convierten en testigos mudos de la impunidad.

El proyecto contra el bullying que ahora impulsa Wado de Pedro a través del PRO podría interpretarse como un intento de lavado de imagen frente a una problemática que, en Mercedes, tiene nombres y rostros concretos. Pero la verdadera pregunta es por qué los casos de violencia perpetrados por hijos del poder judicial nunca llegan a juicio.

Hasta que la Justicia no funcione de la misma manera para hijos de jueces y para jóvenes marginales como Lautaro Martínez, Jony Villalba, Jonathan Fat o José Darío Duarte, cualquier proyecto contra el bullying será apenas un gesto político vacío en una ciudad donde la violencia estructural tiene cómplices identificados.