Fate acata la conciliación obligatoria del Gobierno, pero ratifica el cierre definitivo de su planta y los 920 despidos

Fate confirmó que acatará la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional por 15 días, pero desde el entorno de la empresa fueron contundentes al asegurar que el cierre ya es definitivo y no habrá reapertura de la planta, pese a la instancia de negociación impulsada por la Secretaría de Trabajo. La medida oficial busca congelar los despidos y abrir un canal de diálogo con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), aunque dentro de la administración reconocen que las posibilidades de revertir la decisión son reducidas.

La compañía, vinculada al empresario Javier Madanes Quintanilla, comunicó que los fondos para indemnizaciones ya están disponibles y que quienes deseen cobrarlas pueden hacerlo incluso de manera inmediata, aunque el proceso legal quedó en compás de espera tras la intervención estatal. Sin embargo, los trabajadores mantienen presencia permanente dentro de la planta de Virreyes, en San Fernando, y no consideran por ahora la opción de cobrar, en medio de la conmoción generada por el cierre sorpresivo que implica 920 despidos.

Tras el anuncio de la conciliación obligatoria, se realizó una audiencia virtual en el ámbito laboral donde se notificó a las partes y se estableció que durante el plazo fijado tanto la empresa como el gremio deberán abstenerse de adoptar medidas unilaterales disruptivas. En ese período, la situación laboral debería retrotraerse al estado previo al conflicto y abrir instancias de negociación bajo mediación oficial. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, indicó que continuará promoviendo mecanismos de diálogo para resguardar el empleo y el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Walter Correa, dictó una resolución complementaria y calificó el conflicto colectivo como de “extrema gravedad”, activando herramientas legales para facilitar un acuerdo entre las partes en una crisis que impacta directamente en el entramado industrial.

El cierre fue comunicado a través de un breve texto exhibido en la entrada de la fábrica, donde la empresa atribuyó la decisión a cambios en las condiciones de mercado y a la necesidad de encarar los desafíos futuros desde un enfoque distinto, sin profundizar en detalles específicos. No obstante, en antecedentes recientes la firma había advertido sobre una sostenida pérdida de competitividad exportadora, señalando factores estructurales como la sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos, infraestructura deficiente, sobrecostos laborales, baja productividad, ausentismo y elevada conflictividad gremial.

El caso generó fuerte repercusión política, sindical y económica, e incluso el presidente Javier Milei publicó un breve mensaje en redes sociales que fue interpretado por distintos sectores como una referencia indirecta al conflicto y al debate por la reforma laboral en el Congreso. Mientras tanto, el futuro de la histórica empresa de neumáticos, con más de 80 años de trayectoria, permanece en un escenario de negociación formal pero con una postura empresarial que insiste en que la decisión de cierre ya no tiene marcha atrás.