Fotomultas bonaerenses bajo fuego por denuncias de extorsión, maniobras judiciales y pelea feroz por la caja

La pelea por el control del negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires entró en una fase mucho más agresiva y dejó de ser una simple disputa comercial.

En las últimas horas, CECAITRA se incorporó formalmente a las actuaciones en trámite y respaldó una presentación en la causa que se mueve en la UIF número 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, con un planteo de alto voltaje contra el empresario Leandro Camani y su entramado de empresas vinculadas al sistema de control vial.

Según surge de la presentación, el eje ya no pasa solo por la competencia entre firmas proveedoras de tecnología, sino por la denuncia de un presunto patrón de presiones, extorsiones y judicialización sistemática para correr actores del mercado, condicionar competidores y consolidar posiciones dentro de un negocio que involucra recursos públicos, municipios bonaerenses y miles de puestos de trabajo.

En ese marco, CECAITRA sostiene que ciertas denuncias impulsadas por Camani no responderían a una búsqueda genuina de transparencia, sino a una estrategia para disciplinar y concentrar el negocio.

Uno de los puntos más delicados del escrito es la incorporación de antecedentes periodísticos y judiciales que, según se expone, ubican a Camani en un contexto relacional sensible. Allí se menciona que una persona investigada por narcotráfico fue detenida mientras conducía una camioneta registrada a nombre del empresario.

La presentación aclara que no le atribuye responsabilidad penal directa por ese hecho, pero sí plantea que la Fiscalía debería ponderar esos elementos al momento de analizar la credibilidad, motivación y finalidad de las denuncias promovidas por el propio Camani.

La ofensiva judicial tiene además un efecto concreto sobre el territorio. En distintos municipios donde operan radares y dispositivos asociados a firmas vinculadas al empresario, comenzaron a crecer las revisiones, suspensiones o frenos políticos.

En el expediente y en el entorno del sector se menciona que hubo movimientos en San Isidro y Mar del Plata, mientras que en otros distritos, como Quilmes, directamente habrían optado por no avanzar ante el riesgo judicial que rodea al sistema.

La consecuencia inmediata es que la discusión sobre seguridad vial quedó corrida por una pelea feroz por la caja, los contratos y el control del circuito administrativo.

Otro tramo central de la documentación gira sobre la estructura contractual que sostuvo durante años el negocio de las fotomultas. Allí aparecen las empresas proveedoras de tecnología vial, convenios con municipios y el uso de universidades públicas y fundaciones como vehículo para obtener avales técnicos y evitar, según los cuestionamientos judiciales, procesos licitatorios ordinarios.

Ese esquema es precisamente uno de los ejes investigados en la Justicia Federal, donde se analiza si distintos municipios canalizaron fondos a través de la Universidad Nacional de San Martín y su fundación para luego derivar tareas operativas a firmas privadas como Tránsito Seguro.

En ese expediente, que tramita en el Juzgado Federal de Tres de Febrero, se investiga si once municipios montaron una cadena contractual que derivó en la participación de la universidad, la fundación FUNINTEC y empresas privadas para la administración del sistema de multas.

Según informes incorporados, esa estructura habría permitido una tercerización escalonada que terminó otorgando a la firma privada tareas técnicas, logísticas y administrativas originalmente encuadradas en el convenio con la casa de estudios.

La sospecha judicial es que en ese recorrido se habrían desviado sumas millonarias. Entre los números que se mencionan en la investigación aparece una cifra de 1900 millones de pesos correspondiente a un período bajo análisis.

Frente a esas acusaciones, desde Tránsito Seguro rechazaron irregularidades y sostuvieron que ni las auditorías ni los controles realizados sobre municipios donde prestó servicios detectaron anomalías en la operatoria.

También remarcaron que la firma está debidamente inscripta como proveedora de tecnología y que aportó toda la documentación requerida por la Justicia. Por su parte, desde la UNSAM explicaron que cuentan con un programa de formación y gestión de seguridad vial aprobado institucionalmente, que los convenios con municipios apuntaron a mejorar la gestión para reducir siniestros, y que la universidad puede subcontratar a empresas tecnológicas para la provisión de equipos y mantenimiento.

Pero la avanzada contra Camani no se agota en la causa por el sistema de multas. En paralelo, la causa por extorsión agravada que tiene como principal imputado a Matías Yofe fue incorporando declaraciones que exponen una presunta trama político-mediática mucho más densa.

Un testimonio clave, el del periodista y ex precandidato Claudio Gabriel Ponce de León, afirmó que el empresario habría financiado parte del programa radial de Yofe en Cadena Premium, a pesar de que Camani había negado judicialmente tener relación con él. Según esa declaración, el empresario pagaba en efectivo una parte del costo del espacio, mientras que el resto era cubierto por Yofe a través de la Coalición Cívica.

En esa misma causa, Ponce de León declaró que Yofe habría buscado comprar testimonios, promover denuncias y presionar testigos con financiamiento atribuido a Camani. El relato incluye nombres, montos y reuniones de campaña, además de referencias a presuntas amenazas, operaciones mediáticas y ofrecimientos económicos para instalar denuncias.

La investigación no quedó sólo en Yofe. También empezó a rodear a Facundo Del Gaiso, mientras la Justicia analiza si el expediente debe seguir como extorsión agravada o si corresponde avanzar hacia una figura de asociación ilícita.

La declaración de Laura Andino, ex socia de Secutrans, terminó de tensar aún más el escenario. Ante la fiscalía, describió un supuesto mecanismo de vaciamiento societario, facturación irregular, amenazas personales, presión mediática y asfixia económica.

Según su versión, cuando reclamó por su participación en la empresa recibió advertencias directas y quedó atrapada en una secuencia que incluyó publicaciones en medios, intervención de actores políticos y litigios permanentes. Andino sostuvo que se trató de un método repetido para quebrar voluntades y forzar acuerdos. La fiscalía ahora evalúa si esos elementos configuran un patrón organizado que excede un conflicto societario.

Toda esta guerra judicial ya empezó a tener impacto político dentro del propio gobierno bonaerense. En el centro de las críticas aparece el ministro de Transporte, Martín Marinucci, señalado por la falta de una reacción de fondo frente a un sistema salpicado por causas, denuncias, sospechas administrativas y escándalos mediáticos.

En el sector cuestionan la ausencia de auditorías integrales, definiciones concretas y una política clara sobre un esquema que depende de su cartera y que afecta de manera directa a municipios, empresas y recursos públicos.

En la Gobernación admiten por lo bajo que el frente de las fotomultas se transformó en un problema incómodo para Axel Kicillof. La combinación de expedientes judiciales, denuncias de extorsión, disputas empresariales, tercerizaciones bajo sospecha y falta de balances públicos erosiona cualquier intento de mostrar control sobre una de las cajas más sensibles del sistema de tránsito bonaerense.

En Mar del Plata, por ejemplo, la controversia sigue abierta: mientras la Provincia autorizó nuevos dispositivos móviles sobre las rutas 2, 88 y 11, todavía no existe un balance público integral sobre el funcionamiento del sistema ni respuestas a pedidos de informes archivados o nunca contestados.

Así, la causa de las fotomultas volvió al centro del escenario, pero ya no sólo como una discusión sobre radares, convenios o seguridad vial. Lo que está en juego, según exponen las presentaciones judiciales, es la disputa por un negocio millonario en el que se cruzan empresas tecnológicas, universidades, municipios, operadores políticos, expedientes penales y una batalla cada vez más abierta por el control de una estructura que durante años funcionó en medio de opacidad, tercerizaciones y fuertes tensiones de poder.