Jorge Macri desaloja familias por “riesgo” y ahora la Legislatura porteña le exige que muestre las cartas de una vez

La Legislatura porteña avanzó con un pedido de informes para que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, detalle qué hace con los edificios desalojados bajo el argumento de “riesgo estructural”, una práctica que se repite desde su asunción y que ya genera más dudas que certezas. El foco está puesto en saber si las evacuaciones responden a una urgencia real o si terminan siendo la puerta de entrada a otra cosa menos transparente.

El caso de La Boca volvió a encender la mecha. Una vecina con más de cuatro décadas en su casa recibió una advertencia tajante de un inspector que le aseguró que el edificio podía venirse abajo en cualquier momento. Minutos después llegaron decenas de efectivos y más de 30 familias fueron desalojadas. La escena se repite con una precisión que ya no parece casual y deja flotando una pregunta incómoda sobre el criterio con el que se actúa.

La iniciativa, impulsada por la diputada Claudia Neira, exige datos concretos sobre los inmuebles declarados en emergencia edilicia desde 2024, los criterios técnicos utilizados para catalogar el riesgo y las intervenciones realizadas. El proyecto apunta a ordenar un escenario donde el argumento del peligro parece aplicarse con una elasticidad que sorprende incluso a quienes conocen la dinámica urbana porteña.

En el texto se pide información sobre inspecciones, clausuras, desalojos, apuntalamientos y el uso de la fuerza pública. También se busca esclarecer cuántos de esos edificios recibieron obras posteriores o quedaron en una especie de limbo donde el riesgo se declara, se ejecuta el desalojo y luego todo entra en pausa. Ahí es donde el relato oficial empieza a hacer ruido y la sospecha de que el problema estructural es solo la excusa gana terreno.

El proyecto también pone el foco en los plazos entre el diagnóstico y la intervención, así como en los casos donde directamente no hubo obras pese a la supuesta emergencia. La pregunta que atraviesa el expediente es directa y difícil de esquivar, si el edificio es peligroso pero no se arregla, por qué la urgencia recae solo sobre quienes viven ahí.

Otro capítulo incómodo es el rol de la Policía de la Ciudad en estos operativos. La iniciativa solicita precisiones sobre la participación de las fuerzas, posibles detenciones y el despliegue en desalojos que, en muchos casos, se realizaron sin orden judicial. La escena de uniformados sacando familias mientras el argumento técnico queda en segundo plano es una postal que la gestión todavía no logra explicar del todo.

Además, se pide información sobre la asistencia habitacional brindada a las familias afectadas. Cuántas personas fueron desplazadas, qué acompañamiento recibieron y qué pasó con ellas después del operativo. Porque el riesgo estructural puede ser real o discutible, pero el desarraigo es concreto y no se resuelve con un informe técnico ni con un vallado en la puerta.

Si el proyecto se aprueba, el Ejecutivo tendrá 30 días para responder. Será una oportunidad para ordenar números, pero sobre todo para aclarar si detrás de cada desalojo hay una política pública coherente o una lógica que deja demasiados cabos sueltos en una ciudad donde cada metro cuadrado vale oro.