Jorge Macri sale a cazar autos viejos y convierte denuncias anónimas en excusa oficial

En la ciudad que se vende como “inteligente”, la última innovación parece ser bastante más rudimentaria: una etiqueta pegada en el parabrisas como sentencia previa. Con la firma del Gobierno porteño, agentes de Tránsito comenzaron a marcar autos que lucen viejos, sucios o deteriorados como si fueran chatarra en lista de espera, aunque estén estacionados en regla. La escena es tan simple como inquietante: un papel rojo, una amenaza de remoción y compactación, y una explicación que se apoya en algo tan volátil como las “denuncias anónimas”.

Puertas adentro del GCBA, la lógica que circula es clara: si el auto no encaja con la estética prolija que pretende vender la gestión, pasa a ser sospechoso. No hace falta constatar abandono real, ni verificar cuánto tiempo lleva sin moverse, ni mucho menos contactar al dueño. El criterio se vuelve visual, casi decorativo, como si el espacio público fuera una vidriera donde lo viejo molesta y lo feo se barre.

La herramienta elegida tampoco es menor. El cartel advierte que el vehículo será retirado “para su compactación”, un destino definitivo que convierte una presunción en condena anticipada. Primero se marca, después se presume, y finalmente se ejecuta, en una cadena donde el derecho a defender la propiedad queda en segundo plano frente a la necesidad de mostrar orden.

El argumento de las denuncias sin nombre funciona como comodín. Nadie sabe quién denunció, ni bajo qué criterio, ni con qué pruebas. Pero alcanza para activar el operativo. La gestión de Jorge Macri parece haber encontrado en el anonimato una forma de gobernar sin explicar, trasladando la responsabilidad a una voz invisible que justifica decisiones visibles.

En el fondo, la medida revela algo más que un control vehicular. Expone una idea de ciudad donde lo que incomoda se elimina rápido, sin demasiadas preguntas. El problema no es el abandono real, sino la discrecionalidad con la que se define qué molesta y qué no. Y ahí, el límite entre ordenar y avanzar sobre derechos empieza a volverse bastante difuso.