La derrota más profunda de Milei: cuando la Patria volvió a ser grito colectivo

Por Luciano Barroso

Hay derrotas que se cuentan simplemente por la cantidad de votos y hay otras que empiezan a modificar el clima político de un país. Lo ocurrido este jueves con la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada entra, a mi entender, en esa segunda categoría. El Gobierno logró mantener con vida una parte de su proyecto, pero para conseguirlo tuvo que desprenderse de dos de los capítulos que habían generado mayor rechazo: la flexibilización de la venta de tierras rurales a extranjeros y la modificación del régimen de manejo del fuego.

No parece exagerado decir que estamos frente a una de las derrotas políticas más importantes que sufrió el gobierno de Javier Milei desde que asumió. Incluso considero que, por lo que representa simbólicamente, puede ser más profunda que otros reveses vinculados con el financiamiento universitario, las jubilaciones o distintas políticas públicas. Esta vez no se discutieron solamente partidas presupuestarias o atribuciones del Estado. Se discutió algo mucho más elemental y sensible para cualquier país: quién puede quedarse con su territorio.

El Gobierno había empezado planteando una flexibilización mucho más profunda de las restricciones existentes para la compra de tierras por parte de extranjeros. Después, cuando los votos comenzaron a complicarse, apareció una modificación que proponía llevar del 15% al 25 por ciento el límite permitido. Tampoco alcanzó. Finalmente, tuvo que retirar el capítulo para evitar que arrastrara al resto de la iniciativa. Algo parecido ocurrió con las modificaciones sobre el manejo del fuego, otro de los puntos que habían encendido las alarmas de buena parte de la oposición y de organizaciones sociales y ambientales.

La ley podrá haber seguido su camino parlamentario, pero políticamente el Gobierno perdió la discusión más importante que había generado su propio proyecto. Y la perdió no solamente dentro del Senado, sino también en las calles, las redes sociales, los medios de comunicación y en una conversación que durante varias semanas atravesó buena parte del país. Ahí está, justamente, la dimensión que me parece más interesante de todo lo ocurrido.

Cuando la discusión dejó de pertenecer a los partidos

Durante décadas, la política argentina consiguió dividir prácticamente cualquier discusión entre peronistas y antiperonistas, kirchneristas y antikirchneristas, izquierda y derecha, oficialismo y oposición. Esta vez pasó algo diferente. Personas que probablemente nunca votarían juntas, que tienen pensamientos económicos completamente opuestos y que difícilmente coincidan en otras discusiones encontraron un punto común alrededor de una idea extremadamente sencilla: la tierra argentina no puede tratarse como una mercancía más.

Lo vimos en las calles de distintos puntos del país, pero también en las redes sociales, entre artistas, personalidades del espectáculo, deportistas y ciudadanos que quizás nunca habían leído un artículo de la Ley de Tierras. La discusión llegó incluso a las escuelas públicas y privadas, donde miles de chicos comenzaron a preguntarse qué significaba realmente que una parte cada vez mayor del territorio pudiera quedar en manos extranjeras. El Gobierno consiguió algo que seguramente jamás buscó: transformar una reforma legislativa en una clase nacional sobre soberanía.

Por primera vez en mucho tiempo escuchamos hablar masivamente de territorio, recursos naturales, agua, bosques, fronteras y soberanía. La comparación con Malvinas debe hacerse con cuidado porque estamos hablando de acontecimientos históricos absolutamente diferentes, pero desde la recuperación democrática cuesta encontrar momentos en los que una discusión sobre el territorio argentino haya despertado semejante sensibilidad popular. Después de tantos años en los que la palabra “Patria” parecía reservada para los actos escolares o determinadas fechas del calendario, volvió a aparecer en la conversación cotidiana.

Eso es lo que vuelve diferente esta derrota. No hubo una organización política capaz de conducir el reclamo ni un dirigente que pudiera apropiárselo. Tampoco hubo un partido que pudiera decir que había movilizado por sí solo semejante reacción. El rechazo apareció desde distintos lugares y terminó confluyendo en una idea colectiva, algo particularmente incómodo para un Gobierno que hizo del individualismo una de las bases de su concepción política.

Los argentinos empezamos a mirar el mapa

También ocurrió algo que puede terminar siendo mucho más importante de lo que hoy imaginamos. Durante estas semanas, millones de argentinos descubrieron que aproximadamente 13 millones de hectáreas rurales se encuentran en manos extranjeras. Muchísima gente que jamás había prestado atención al problema empezó a conocer nombres, lugares y situaciones que hasta hace poco parecían reservados para investigaciones periodísticas, organizaciones ambientales o especialistas en soberanía territorial.

Así aparecieron nuevamente los Benetton, Joe Lewis, propietarios estadounidenses, europeos, qataríes y grandes capitales extranjeros que poseen enormes extensiones de territorio. Y empezamos a preguntarnos no solamente cuánto poseen, sino dónde está ubicado. Porque no es lo mismo hablar de una hectárea cualquiera que de tierras cercanas a fuentes de agua, pasos fronterizos, reservas naturales, minerales estratégicos o zonas particularmente sensibles desde el punto de vista geopolítico.

El caso de Joe Lewis es probablemente el ejemplo más conocido. Durante años escuchamos hablar del Lago Escondido y del conflicto por el acceso público, pero para una enorme cantidad de argentinos era una historia lejana, casi exclusivamente patagónica. La discusión por la Ley de Tierras consiguió nacionalizar ese problema y poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto sabemos realmente sobre quiénes son propietarios de nuestro territorio y qué intereses existen detrás de esas adquisiciones?

Todo esto sucede, además, en un país que mantiene desde hace casi dos siglos un conflicto de soberanía con el Reino Unido y que todavía reclama legítimamente las Islas Malvinas. Por eso resulta imposible separar completamente la discusión territorial argentina de nuestra propia historia. Podemos discutir mecanismos de inversión, porcentajes y regulaciones, pero la tierra nunca será solamente un activo financiero cuando estamos hablando de un país que todavía tiene una parte de su territorio bajo ocupación extranjera.

El Mundial y una Argentina que volvió a hablar de Patria

Hay otro elemento que atravesó toda esta discusión y que quizás dentro de algunos años podamos mirar con mayor perspectiva. El debate coincidió con un Mundial de fútbol, ese extraño momento en el que millones de argentinos vuelven a encontrarse alrededor de una misma camiseta. Puede parecer una comparación superficial, pero creo que ocurrió algo más profundo: el sentimiento que normalmente depositamos durante un mes en once jugadores empezó a trasladarse hacia otras discusiones sobre el país.

La Selección consiguió nuevamente que la bandera apareciera en balcones, escuelas, bares, autos y calles. Pero esta vez, mientras esa camiseta circulaba por todos lados, también se discutía quién puede comprar nuestra tierra. Esa coincidencia terminó generando una combinación poderosa. Mucha gente empezó a comprender que ponerse la camiseta argentina no debería consistir solamente en mirar un partido de fútbol, sino también en preguntarse qué hacemos con nuestro territorio y con las riquezas que existen debajo de él.

Quizás sea demasiado pronto para hablar del nacimiento de un nuevo nacionalismo argentino, pero me parece que al menos vale la pena hacerse la pregunta. El mundo entero atraviesa un proceso de recuperación de identidades nacionales, aunque muchas veces esas expresiones estén vinculadas a movimientos políticos concretos. Lo interesante del caso argentino es que, por ahora, esta reivindicación de soberanía no parece tener un dueño ni una conducción claramente identificable.

No hay un líder levantando esa bandera ni una organización capaz de adjudicarse el fenómeno. Hay algo más desordenado y, justamente por eso, posiblemente más genuino: una reacción colectiva. Argentinos que pueden estar enfrentados en casi todo encontraron un límite común cuando sintieron que se estaba discutiendo la posibilidad de entregar una parte mayor del territorio nacional a intereses extranjeros. Si ese sentimiento consigue mantenerse después del Mundial y más allá de esta ley, entonces estaremos frente a algo políticamente mucho más profundo.

El problema de pensar que todo empieza y termina en el individuo

El Gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su identidad alrededor de una concepción individualista de la sociedad. El individuo frente al Estado, el individuo responsable de sus decisiones y el mercado como ordenador de esas relaciones. Esa mirada puede tener sentido dentro de determinadas discusiones económicas, pero encuentra enormes dificultades cuando aparecen conceptos que, por definición, solamente pueden existir colectivamente.

La soberanía es uno de ellos. La tierra, los recursos naturales, el agua, la energía y la integridad territorial también lo son. Ningún argentino puede ejercer individualmente soberanía sobre las Malvinas, ni defender por sí mismo una frontera o decidir qué política estratégica debe tener el país sobre sus recursos. Para eso existe una comunidad organizada políticamente que llamamos Nación, algo bastante más complejo que la simple suma de millones de decisiones personales.

Por eso resultaron tan desafortunadas aquellas palabras de Demián Reidel, cuando sostuvo que “el único problema que tiene Argentina es que está llena de argentinos”. Puede haber sido una provocación, una ironía o una forma particular de expresar una idea económica, pero terminó condensando algo que una parte de la sociedad empieza a reprocharle al Gobierno: la sensación de que muchas veces mira a los propios argentinos como un obstáculo para el país que pretende construir.

Ese razonamiento también apareció cuando Milei habló sobre el endeudamiento de las familias y sostuvo que nadie les había puesto “una pistola en la cabeza” para tomar un crédito. El problema es que, mientras el Gobierno insiste en mostrar indicadores que, según su interpretación, reflejan una recuperación económica, millones de argentinos viven otra realidad cotidiana: salarios que no alcanzan, tarjetas utilizadas para llegar a fin de mes, créditos acumulados y familias cada vez más endeudadas.

Sturzenegger y Bullrich quedaron en el centro de la derrota

Esta derrota también tiene responsables políticos y resulta difícil mirar hacia otro lado cuando aparecen los nombres de Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. El primero volvió a convertirse en el arquitecto de una reforma de enorme alcance que terminó chocando contra límites sociales y parlamentarios. Bullrich, por su parte, fue una de las principales defensoras políticas del proyecto y tuvo un papel determinante en la negociación dentro del Senado.

La trayectoria de Sturzenegger merece, además, una reflexión. Tuvo responsabilidades importantes durante el gobierno de Fernando de la Rúa, ocupó la presidencia del Banco Central durante la administración de Mauricio Macri y ahora se convirtió en uno de los principales cerebros del programa desregulador de Milei. Son experiencias políticas diferentes, pero todas atravesadas por reformas económicas ambiciosas y conflictos posteriores que terminaron condicionando seriamente a esos gobiernos.

Esta vez, el resultado parlamentario dejó una fotografía bastante difícil de disimular. Primero se pretendió avanzar con una flexibilización profunda. Después se buscó negociar un límite del 25%. Finalmente, el capítulo completo terminó afuera. El intento de modificar el régimen vinculado al manejo del fuego corrió una suerte similar. Puede explicarse como pragmatismo parlamentario, pero también puede leerse de una manera mucho más sencilla: el Gobierno retrocedió porque descubrió que no tenía los votos.

Por eso creo que Sturzenegger y Bullrich quedaron convertidos en las caras políticas de esta derrota. No porque sean los únicos responsables de la iniciativa, sino porque fueron dos de quienes más empujaron una discusión que terminó provocando exactamente el efecto contrario. Querían flexibilizar las condiciones sobre la tierra y terminaron despertando una discusión nacional sobre soberanía que hacía años no tenía semejante intensidad.

Una derrota diferente para Javier Milei

El Gobierno atravesó desde diciembre de 2023 escándalos, denuncias, investigaciones judiciales y derrotas parlamentarias. Pasaron el caso $LIBRA, las investigaciones alrededor de la ANDIS, distintas controversias vinculadas con funcionarios y las discusiones que rodearon a José Luis Espert, entre otros episodios que golpearon de distintas maneras al oficialismo. Sin embargo, ninguno de esos hechos consiguió construir exactamente el fenómeno que apareció alrededor de la Ley de Tierras.

La diferencia está en el origen del rechazo. Esta vez no nació solamente de una denuncia periodística, de un expediente judicial o de una operación entre partidos políticos. Hubo una reacción social que terminó condicionando directamente la discusión parlamentaria. Y cuando una sociedad consigue imponer un límite sobre aquello que considera propio, cualquier Gobierno debería prestar atención, independientemente de la cantidad de votos que conserve en el Congreso.

En las últimas semanas apareció, además, una palabra particularmente dura para cualquier administración nacional: “entrega”. El Gobierno quedó acusado por sus adversarios de impulsar una política entreguista y de favorecer intereses extranjeros. Puede discutirse esa caracterización y el oficialismo tiene argumentos para defender su posición: sostiene que una flexibilización permitiría atraer capitales, inversiones y desarrollo productivo. Esa explicación, sin embargo, no consiguió convencer lo suficiente.

Ahí estuvo la verdadera derrota. Milei y su Gobierno no lograron explicar por qué permitir una mayor extranjerización del territorio argentino sería beneficioso para el conjunto de la sociedad. Y cuando enfrente apareció una consigna mucho más simple —la tierra argentina debe permanecer en manos argentinas—, toda la sofisticación económica del discurso oficial quedó atrapada frente a una idea política mucho más poderosa.

La Patria no puede ser solamente una consigna

Argentina necesita inversiones y sería absurdo negar esa realidad. Necesitamos capital para desarrollar infraestructura, explotar responsablemente nuestros recursos, generar trabajo, producir más y exportar. Pero aceptar esa necesidad no significa concluir que cualquier mecanismo de inversión sea conveniente ni que la única manera de atraer dólares sea flexibilizar los límites sobre la propiedad extranjera del territorio.

La discusión verdaderamente importante debería empezar ahora. No alcanza con impedir que un multimillonario extranjero compre miles de hectáreas. También tenemos que preguntarnos qué hacemos nosotros con nuestro territorio, cómo generamos riqueza, cómo aprovechamos nuestros recursos naturales y de qué manera conseguimos que una mayor parte de esa riqueza permanezca en Argentina y sirva para construir un país más próspero.

Porque soberanía sin desarrollo puede convertirse en una palabra vacía, pero desarrollo sin soberanía puede terminar transformándose en dependencia. Entre esos dos extremos debería existir una política nacional capaz de sobrevivir a los gobiernos. Una política sobre la tierra, el agua, los minerales, la energía y los recursos estratégicos que no cambie completamente cada cuatro años según quién gane una elección.

Por eso considero que lo ocurrido este jueves puede convertirse en un verdadero punto de inflexión. No porque signifique automáticamente el final del Gobierno ni porque permita anticipar qué ocurrirá en las próximas elecciones. La política argentina cambia demasiado rápido como para hacer semejante pronóstico. Pero sí porque millones de personas volvieron a discutir una palabra que durante mucho tiempo parecía haber quedado encerrada en los discursos oficiales: Patria.

Una bandera que todavía no tiene dueño

Quizás ahí esté la mayor novedad política de todo este episodio. Durante muchos años nos acostumbramos a pensar que cualquier sentimiento colectivo necesariamente debía pertenecer a un partido, a un dirigente o a una corriente ideológica. Esta vez apareció algo diferente. No hubo conducción, no hubo un líder indiscutido y tampoco una organización capaz de arrogarse la representación de todos los que rechazaron la flexibilización de la Ley de Tierras.

Eso puede cambiar. Seguramente habrá sectores políticos que intentarán interpretar ese sentimiento y transformarlo en votos, especialmente cuando las elecciones empiezan a aparecer en el horizonte. Sería ingenuo pensar lo contrario. Pero el origen de esta reacción no estuvo en una estructura partidaria, sino en una sensación mucho más sencilla: la idea de que existen determinadas cosas que pertenecen a todos y que ninguna generación tiene derecho a rifar.

Tal vez estemos viendo el comienzo de una nueva expresión del nacionalismo argentino, menos relacionada con las viejas etiquetas ideológicas y más vinculada con la defensa concreta del territorio y los recursos. Todavía es temprano para saberlo. Pero si algo dejó esta discusión es que una parte importante de la sociedad está dispuesta a volver a hablar de soberanía sin sentir que se trata de una palabra antigua o de una consigna partidaria.

Después de tantos años de enfrentarnos entre nosotros, quizás esta sea también una oportunidad para recordar algo bastante básico: podemos pensar distinto y seguir teniendo una Patria en común. Las riquezas de este país deberían servir para construir un futuro mejor para quienes viven en él, no para convertirse simplemente en activos de multimillonarios que observan la Argentina desde miles de kilómetros de distancia.

El Gobierno quiso discutir propiedad privada y terminó abriendo una discusión sobre soberanía. Quiso flexibilizar la venta de tierras y terminó haciendo que millones de argentinos miraran nuevamente el mapa. Quiso avanzar sobre una legislación que consideraba un obstáculo y terminó encontrándose con un límite que no surgió solamente del Senado, sino de una reacción social mucho más amplia.

Y quizás esa sea, finalmente, la derrota más importante que sufrió Milei esta semana: haber conseguido que una sociedad profundamente dividida volviera a encontrarse, aunque sea por un momento, alrededor de una misma bandera.