La gestión de Jorge Macri: al subte le saca la plata, a los docentes les niega la licencia y a los residentes los persigue

Trabajadores del subte, docentes, médicos residentes y empleados de las radios públicas porteñas denuncian una ofensiva coordinada de la gestión de Jorge Macri que combina descuentos salariales ilegales, controles médicos intimidatorios, hostigamiento en hospitales y una privatización encubierta de los medios estatales. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs) declaró el estado de alerta el lunes 2 de noviembre por las reiteradas malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos que la concesionaria Emova aplica desde hace meses, una práctica que los sindicalistas atribuyen directamente al respaldo del Gobierno porteño y de la justicia de la Ciudad.

La semana pasada, trabajadores del subte liberaron molinetes en la estación Perú de la Línea A de 17 a 19 y el miércoles 4 de noviembre repitieron la medida en la estación San Pedrito desde las 8. Claudio Dellecarbonara, miembro del secretariado del sindicato, explicó que la medida forma parte de un plan de lucha que lleva meses y que se retoma porque la concesionaria insiste con su accionar persecutorio y extorsivo. El dirigente rechazó las acusaciones de Emova contra los trabajadores afectados y sostuvo que esa campaña de falacias busca justificar los descuentos, que son falsos y fácilmente comprobables según sus palabras.

El conflicto escaló el 20 de octubre con la detención de dirigentes y delegados sindicales durante una apertura de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. La medida se realizaba en solidaridad con un trabajador suspendido por negarse a extender su jornada laboral más allá de las seis horas diarias y terminó con Sebastián Carrizo, Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia detenidos, además de Luciano Corradi, un trabajador aeronáutico que se había acercado a solidarizarse. La Policía de la Ciudad avanzó con gases y escudos contra los manifestantes y todos fueron liberados esa misma tarde tras una fuerte respuesta sindical y de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Dellecarbonara apuntó contra la consigna de campaña del Gobierno porteño y sostuvo que la ley y el orden se aplican solo para perseguir trabajadores, pero no para controlar que los empresarios cumplan con las normativas, leyes y fallos vigentes. El sindicalista recordó que el salario tiene carácter alimentario y que la concesionaria no tiene potestad ni fundamento para sancionar a los trabajadores con la privación del mismo mediante la sustracción fraudulenta de haberes. El conflicto se da en un contexto de creciente criminalización de las protestas gremiales y con un servicio que los propios trabajadores denuncian como deficiente y con condiciones laborales peligrosas, incluyendo asbesto cancerígeno en formaciones.

En paralelo, el Gobierno porteño avanza con una nueva medida que los gremios docentes califican como persecutoria. La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas inició dos operativos de evaluación médica dirigidos a docentes de establecimientos educativos de gestión estatal, presentados como acciones de cuidado y prevención de la salud. Sin embargo, desde los sindicatos sostienen que estos operativos no son una política de prevención sino otro acto persecutorio hacia los trabajadores de la educación.

El argumento de los gremios se basa en las continuas restricciones que implementa la gestión de Jorge Macri para que los trabajadores accedan a licencias médicas, manejadas por una empresa privada que el año pasado cobró más de 7.000 millones de pesos. La empresa DIENTS fue denunciada por administración fraudulenta y, según datos oficiales, solo en 2025 de un total de 2.591 revisiones el gobierno tuvo que admitir 1.843 casos en los que estaban mal rechazadas las licencias.

Pablo Francisco, Secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), planteó que cabe preguntarse si esta nueva medida representa una verdadera política de prevención y cuidado de la salud o si se trata de nuevas herramientas de control sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Para el referente sindical, el Estado debe garantizar políticas integrales de salud laboral, pero estas no pueden convertirse en mecanismos para restringir derechos, desconocer indicaciones médicas ni poner en riesgo la estabilidad laboral.

Sofía Bonder, del equipo de estudio de condiciones de trabajo de Ademys, calificó la medida como una hipocresía total y sostuvo que busca intimidar a los docentes con la posibilidad de perder el trabajo. La dirigente describió un contexto en el que el gobierno disciplina para ir a trabajar enfermos, descuenta el presentismo, rechaza licencias médicas y cita a los docentes durante el reposo, y ahora redobla la apuesta revaluando de forma arbitraria a los docentes sin explicar el motivo ni el criterio. Según una encuesta de Ademys de 2025, más del 75 por ciento del personal docente no se tomó licencia durante el año por miedo a que sea rechazada, en un gremio donde más del 80 por ciento son mujeres.

La ofensiva también alcanza a los institutos terciarios. El miércoles 14 de octubre, estudiantes terciarios, secundarios y docentes realizaron un corte en Callao y Corrientes para enfrentar los traslados inconsultos, los cierres de comisiones, los despidos docentes y las reformas que avanzan sobre la educación pública porteña. La convocatoria reunió a 14 Centros de estudiantes que votaron coordinar por todos los ataques, y durante la movilización hubo un docente del Joaquín V. González detenido que fue liberado tras el reclamo en la puerta.

El conflicto en los terciarios incluye el intento de trasladar el Normal 9 sin consultar a su comunidad educativa, el cierre de inscripciones a las carreras de Ciencias Jurídicas y Ciencia Política en el Joaquín V. González, la pérdida de puestos de trabajo docentes por el cierre de comisiones en el IFTS 13 y el ISTLyR, y cambios en los planes de estudio en el Alicia Moreau de Justo con imposición de porcentajes de cursada híbrida sin garantías de conectividad ni discusión abierta. Estas medidas se inscriben en el programa BA Aprende, que plantea transformaciones para distintos niveles del sistema educativo porteño y que ya generó una gran lucha de la comunidad de secundarios con tomas y acciones en las calles.

En el sector de los medios públicos, los trabajadores de La Once Diez (AM 1110) y La 2×4 (FM 92.7) rechazaron la preadjudicación de las radios públicas porteñas por los próximos cinco años a la Unión Transitoria que conforman las firmas Green Umbrella Producciones SAS y JR Comunicaciones SRL, publicada en el Boletín Oficial el miércoles 6 de noviembre. Los empleados calificaron la medida como una privatización encubierta plenamente inconstitucional e ilegal y reclamaron que la justicia se expida con urgencia.

Los trabajadores señalaron que Jorge Macri incumple el mandato de la Constitución de la Ciudad, que en su artículo 47 garantiza la existencia de medios de comunicación propios bajo gestión estatal, y viola el artículo 44 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el principio de indelegabilidad de la explotación de las frecuencias asignadas. También cuestionaron la idoneidad de las empresas adjudicatarias, al señalar que no cuentan con antecedentes suficientes en la administración integral de emisoras ni en la gestión de medios públicos, y que uno de los fundadores de Green Umbrella, Rodrigo Matías Morán, ocupó una banca en la Legislatura porteña en 2021 dentro del espacio Vamos Juntos, vinculado directamente al Ejecutivo de la Ciudad.

Los empleados de las radios recordaron que en una primera licitación el gobierno porteño ya adjudicó el Canal de la Ciudad al empresario Augusto Marini, que está al frente del Grupo Cale, dueño de los streamings Carajo y Blender, y que llamativamente ahora Marini no querría avanzar con la concesión hasta que el gobierno le garantice que el traspaso sea sin empleados en el Canal. La causa judicial iniciada por los trabajadores cuenta con un dictamen favorable de la Fiscalía General de la Cámara de Apelaciones y con un informe del ENaCom que aseguró que la licitación se encuentra en colisión con expresas previsiones legales y reglamentarias tendientes a precaver sobre la delegación de la explotación de los medios de comunicación autorizados.

El miércoles 14 de octubre, los trabajadores de las radios realizaron una nueva edición del festival en rechazo al intento de privatización encubierta, con la presentación de la Orquesta de la EMPA, la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, el Cuarteto Mulenga, Lucrecia Merico con Juan Iruzubieta, La Guardia Nueva, Claudia Moreno y Eliana Sosa en el CAFF. La 2×4, con sus 26 años, es la única radio pública del mundo dedicada íntegramente al tango, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y los trabajadores advirtieron que las radios de la Ciudad no son un negocio sino patrimonio público.

En el ámbito de la salud, la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires convocó para el jueves 22 de octubre a una nueva Marcha de las Velas en defensa de la salud pública, que partió desde el cruce de avenida Las Heras y Bulnes y finalizó en Plaza Houssay. La convocatoria se realizó en el marco de la quinta semana de un plan de lucha por la recomposición salarial y contra el deterioro de las condiciones laborales, con una pérdida del poder adquisitivo de 30 puntos desde 2023.

La Asamblea denunció jornadas laborales extensas, dificultades crecientes para sostener la atención sanitaria y amenazas y hostigamientos contra quienes participan de las medidas de fuerza, que incluyen pedidos de listados de trabajadores adherentes y registros de asistencia que consignaron la palabra Paro incluso para residentes que estaban cubriendo guardias. El reclamo central es una recomposición salarial del 30 por ciento para recuperar poder adquisitivo, junto con adicionales por guardias y por especialidades críticas, y un bono compensatorio retroactivo.

Las y los residentes denuncian que pueden llegar a trabajar entre 70 y 90 horas semanales, con guardias de 24 horas e incluso extensiones de 36 horas, mientras los concurrentes realizan tareas sin percibir salario y sin contar con derechos laborales básicos como cobertura por accidentes de trabajo. La Asamblea también advierte sobre el vaciamiento del conjunto de la salud pública, las dificultades para acceder a medicamentos y turnos y la emergencia en salud mental, y rechaza cualquier intento de fragmentar la carrera profesional regulada por la Ley 6.035.

El hostigamiento y la persecución por parte de las autoridades sanitarias porteñas se suman a los reclamos salariales y por condiciones laborales. El Gobierno de Jorge Macri no recibe a los residentes pero sí los persigue, según denunciaron desde la Asamblea, violando en los hechos el derecho a huelga. La situación se da en un contexto de creciente deterioro de la salud mental en la Ciudad, donde las internaciones de niñas, niños y adolescentes por autolesiones o ideación suicida aumentaron de 596 en 2023 a 686 en 2025, según datos del Ministerio Público Tutelar.

El informe del MPT señala que en 2025 la ideación suicida abarcó al 49,4 por ciento de esas internaciones, los intentos representaron el 38,9 por ciento y las autolesiones el 11,7 por ciento, con el 72,4 por ciento de las internaciones correspondiendo a mujeres y más de la mitad a adolescentes entre los 13 y los 15 años. Entre quienes tienen menos de 13 años también se produjo un crecimiento inquietante, del 5,9 por ciento en 2024 al 7,2 por ciento en 2025, y uno de cada dos niñas, niños o adolescentes tuvo dos o más internaciones por riesgo suicida.

A pesar de esta situación, los presupuestos destinados a las estructuras de salud mental van siendo minados año tras año. Contra el 10 por ciento establecido por la ley, en 2024 se destinó el 1,82 por ciento del presupuesto, en 2025 un 1,68 por ciento y este año 1,42 por ciento. La Ciudad de Buenos Aires tiene una tasa de 6,5 psiquiatras infanto-juveniles cada 100.000 habitantes, mientras que por fuera de ese territorio todo el resto del país, excepto Mendoza con 1,6 cada 100.000, no llega a un solo especialista en psiquiatría infanto-juvenil en esa proporción poblacional.

El aumento del pasaje del subte también forma parte del cuadro de situación. Según los trabajadores, la tarifa aumentó desde enero de 2024 a hoy un 2.271 por ciento, cinco veces más que la inflación acumulada en el mismo periodo que llega a un 400 por ciento. Emova se enriquece gracias a la complicidad del Gobierno de Jorge Macri, según denunciaron los metrodelegados, que advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza si la empresa no devuelve el dinero descontado.