La Plata: amenazas de tiroteo, chicos en sus casas y un municipio que reacciona cuando el problema ya está adentro

La escena es tan concreta como alarmante. Un mensaje en un baño de la Escuela Secundaria número 28 de Villa Elisa anunció un posible tiroteo y desató el pánico en toda la comunidad educativa. Mientras padres, docentes y alumnos reaccionaban como podían, la respuesta estatal volvió a moverse con la lentitud de siempre. En la ciudad que gestiona Julio Alak, la prevención parece llegar siempre después del susto.

La denuncia presentada por el padre de un alumno no deja margen para la interpretación liviana. Habla de una amenaza concreta, con características compatibles con un riesgo real, y exige medidas inmediatas. Custodia policial, identificación del autor, resguardo de cámaras, intervención de seguridad escolar. Es decir, todo lo que debería activarse automáticamente, pero que termina dependiendo de que un particular empuje judicialmente lo que el Estado no garantiza de entrada.

El mensaje escrito el 15 de abril fue directo. “Mañana tiroteo, el que arriesga que venga”. No hubo metáfora ni ambigüedad. Sin embargo, la reacción institucional vuelve a quedar bajo la lupa. La causa cayó en la UFIJ 9 y el Juzgado de Garantías 5, mientras se decidió concentrar este tipo de denuncias en una sola fiscalía. Centralizar puede ordenar, pero también evidencia que el problema dejó de ser aislado y pasó a ser sistemático.

El dato que termina de completar el cuadro es que no se trata de un caso único. La Escuela Técnica número 8 también recibió amenazas y directamente pidió que los alumnos no asistan. Cuando la solución es que los chicos se queden en sus casas, el mensaje implícito es brutal. No es que el riesgo desaparece, es que el Estado se corre y deja el problema en manos de las familias.

En ese contexto, el planteo del abogado Marcelo Peña expone lo obvio que nadie quiere decir en voz alta. Tomar en serio una amenaza no es exagerar, es actuar a tiempo. Pero en La Plata, la lógica parece ser la inversa. Se reacciona cuando el tema explota, no cuando se puede evitar.

El municipio, mientras tanto, queda atrapado en su propia inercia. Protocolos que existen en el papel, coordinación que se menciona en discursos, pero que en la práctica depende de la presión judicial o mediática. La prevención, que debería ser automática cuando hay menores involucrados, termina siendo una opción tardía.

En una ciudad atravesada por episodios de violencia y señales de alerta cada vez más frecuentes, el problema ya no es solo la amenaza escrita en una pared. Es la sensación de que nadie está realmente al mando cuando hay que anticiparse.