Perú avanzó con regulaciones para la inteligencia artificial mientras mantiene congeladas las leyes sobre Bitcoin

Perú muestra una curiosa contradicción tecnológica. Mientras el Estado aceleró durante los últimos años la construcción de un marco regulatorio para la inteligencia artificial, el ecosistema vinculado a Bitcoin y las criptomonedas continúa funcionando sin una legislación específica que ordene su desarrollo.

La diferencia de velocidad entre ambos procesos se hizo cada vez más evidente. Desde 2023, el país avanzó con distintas normas destinadas a regular el uso de la inteligencia artificial, estableciendo principios éticos, esquemas de clasificación de riesgos y herramientas legales para sancionar delitos vinculados a tecnologías emergentes como los deepfakes.

En paralelo, las iniciativas legislativas relacionadas con los criptoactivos perdieron impulso en el Congreso. El proyecto que buscaba crear una ley marco para la comercialización de criptomonedas quedó archivado y, hasta el momento, no existen señales concretas de nuevos avances parlamentarios para regular el sector.

La situación genera un escenario particular. Mientras miles de usuarios y comercios incorporan Bitcoin, stablecoins y otros activos digitales a sus actividades cotidianas, la industria sigue operando en un vacío normativo que obliga a los actores del ecosistema a desenvolverse sin reglas específicas sobre funcionamiento, licencias o protección jurídica.

Según explicó el abogado especializado en criptoactivos Adolfo Morán, actualmente Perú no cuenta con una legislación integral enfocada en criptomonedas, blockchain o activos digitales. Para el especialista, la comunidad local ha desarrollado un nivel de madurez que permitió sostener el crecimiento del ecosistema incluso sin acompañamiento político.

La falta de avances legislativos también refleja una diferencia de prioridades dentro del Estado peruano. Mientras la inteligencia artificial aparece asociada a una agenda de innovación tecnológica impulsada desde el sector público, las criptomonedas continúan siendo observadas principalmente desde una óptica de control financiero, prevención del lavado de dinero y supervisión regulatoria.

En ese contexto, organismos como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Banco Central de Reserva han promovido algunas medidas vinculadas a la fiscalización de plataformas, aunque sin avanzar hacia una ley integral que establezca reglas claras para todo el ecosistema.

Otro de los desafíos señalados por los especialistas es el fuerte centralismo que caracteriza al país. Gran parte de los eventos, oportunidades de formación, inversiones y desarrollos tecnológicos vinculados al universo cripto se concentran en Lima, especialmente en zonas como San Isidro, mientras que el acceso a información y recursos sigue siendo mucho más limitado en el interior peruano.

Pese a esas dificultades, la adopción continúa creciendo. El aumento de la conectividad móvil, la expansión de comunidades educativas independientes y la incorporación de activos digitales en actividades comerciales permitieron que la industria avance incluso sin un respaldo normativo definido.

La discusión de fondo ya no pasa únicamente por la aprobación de una ley. Para muchos actores del sector, el desafío consiste en descentralizar el acceso a la tecnología y garantizar que las oportunidades vinculadas a Bitcoin y los activos digitales alcancen a regiones que históricamente quedaron fuera de los principales circuitos económicos y tecnológicos del país.