Río Negro: la Justicia frenó la avanzada de Cortés sobre la CEB y limitó las sanciones impulsadas por su gestión

El intendente sufrió un traspié judicial en la pelea por el alumbrado público. La Justicia suspendió sanciones, retenciones y exigencias impulsadas desde Hacienda. El conflicto involucra una recaudación cercana a los 160 millones mensuales y una deuda que la Cooperativa calcula en 1 mil millones de pesos.

La pulseada que el intendente Walter Cortés abrió contra la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) terminó con un primer límite judicial para su administración. El Juzgado Contencioso Administrativo hizo lugar parcialmente a una cautelar presentada por la entidad y suspendió varias de las herramientas con las que el Ejecutivo pretendía avanzar sobre la administración del servicio de alumbrado público.

La resolución todavía no define quién tiene razón en la discusión de fondo ni representa una victoria completa para la Cooperativa. Sin embargo, golpea directamente sobre decisiones adoptadas por funcionarios de Cortés: quedaron suspendidas la obligación de entregar información individualizada de los usuarios, la exigencia de obtener autorización municipal previa para afrontar determinados gastos y la posibilidad de aplicar sanciones o retener fondos ante eventuales incumplimientos.

El dato más incómodo para el gobierno municipal aparece en los fundamentos. La Justicia señaló que la facultad de reglamentar una ordenanza no habilita a un funcionario del Ejecutivo a crear nuevas obligaciones, restricciones o sanciones que no hayan sido previamente establecidas por el Concejo Deliberante. El mensaje alcanza directamente al esquema impulsado por la Secretaría de Hacienda que conduce Gonzalo Lerra.

El conflicto tiene detrás una caja considerable. Según los números que trascendieron durante la disputa, la tasa vinculada al alumbrado público representa alrededor de 160 millones de pesos mensuales, recursos cuya administración quedó en el centro de una pelea que Cortés llevó a un terreno que finalmente terminó judicializado.

La controversia comenzó a escalar en abril, cuando Lerra emitió una disposición que calificó a la CEB como “agente de recaudación” de la tasa de alumbrado público. La medida pretendía otorgar a Hacienda mayores herramientas para exigir información y, eventualmente, retener recursos percibidos por la Cooperativa.

El problema para el Ejecutivo fue que la CEB rechazó esa interpretación. Su presidente, Alejandro Pozas, presentó un recurso de reconsideración y planteó que un secretario municipal no podía modificar unilateralmente las condiciones de una relación institucional nacida de un convenio ratificado mediante ordenanza por el Concejo Deliberante.

La Justicia recogió ahora parcialmente ese argumento y estableció límites concretos. Aunque reconoció que el alumbrado público constituye un servicio municipal y mantuvo, en principio, la facultad de la comuna para controlar la administración de los recursos provenientes de la tasa, dejó sin efecto algunas de las principales herramientas que pretendía utilizar el gobierno de Cortés.

También determinó que la CEB deberá continuar cobrando el tributo en los términos establecidos por la legislación vigente. Sin embargo, introdujo otra advertencia para el municipio: las condiciones bajo las cuales se desarrolla esa colaboración deben ser acordadas entre las partes y no impuestas unilateralmente desde el Ejecutivo.

El fallo agrega así otro problema político a una administración que decidió romper un esquema que llevaba casi cuatro décadas funcionando. Desde 1988, la Cooperativa administraba el alumbrado público mediante un convenio originalmente establecido por cinco años, pero prorrogado automáticamente durante más de 37 años.

Cortés decidió patear ese tablero y la disputa terminó escalando rápidamente. Desde el municipio, el asesor Agustín Domingo sostuvo que el origen del enfrentamiento estuvo en los pedidos realizados por Hacienda para conocer con mayor precisión la estructura de costos del servicio y aseguró que la documentación había sido solicitada formalmente en cuatro oportunidades sin obtener respuesta.

La CEB, en cambio, llevó la discusión un paso más lejos y acudió a la Justicia. A fines de julio presentó un amparo por la falta de actualización de la tarifa del alumbrado público y sostuvo que esa situación habría generado una deuda municipal que ronda los 1.000 millones de pesos, cifra que Pozas aseguró que se encuentra documentada.

Así, lo que comenzó como una discusión administrativa terminó transformándose en otro frente político para Cortés. El intendente quiso avanzar sobre un sistema vigente desde hacía décadas y terminó con la Cooperativa en Tribunales, una deuda multimillonaria denunciada y, ahora, una cautelar que limita parcialmente las decisiones tomadas por su propia administración.

El revés tampoco puede leerse como una victoria absoluta de la CEB: la Justicia reconoció las atribuciones municipales sobre el servicio y el control de los fondos. Pero para Cortés deja una señal difícil de disimular: su Ejecutivo intentó imponer obligaciones y sanciones que, al menos cautelarmente, el juez consideró que no podían sostenerse de la manera en que habían sido instrumentadas.

Mientras la discusión de fondo continúa, Bariloche queda atrapada en una pelea entre el municipio y la Cooperativa por un servicio esencial y una caja millonaria. Cortés, que pretendía tomar mayor control sobre el sistema, consiguió por ahora el resultado contrario: judicializó el conflicto y encontró en Tribunales el primer freno a su avanzada sobre la CEB.