Sandra Arroyo Salgado evitó el jury por el caso Espert y el kirchnerismo denunció un blindaje político

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado consiguió un importante respaldo político dentro del Consejo de la Magistratura al evitar que avanzara el pedido de jury de enjuiciamiento presentado en su contra. La Comisión de Acusación resolvió desestimar la denuncia vinculada a las detenciones ordenadas tras el escrache realizado en junio de 2025 frente a la vivienda del exdiputado José Luis Espert, donde militantes arrojaron materia fecal.

La iniciativa para cerrar el expediente fue impulsada por el diputado libertario Gonzalo Roca, quien logró reunir el apoyo del diputado Álvaro González, el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques, presidente de la comisión. Esa mayoría permitió rechazar la denuncia presentada por los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley, pese a la oposición de la propia Siley, Rodolfo Tailhade y César Grau.

Antes de la votación, Vanesa Siley propuso postergar la definición para incorporar nuevas pruebas al expediente. Sin embargo, la iniciativa no reunió los votos necesarios y la mayoría decidió avanzar directamente con la desestimación de la acusación.

Al defender su postura, Gonzalo Roca sostuvo que el Consejo de la Magistratura no debía convertirse en una instancia paralela de revisión de resoluciones judiciales. Según argumentó, las críticas contra Arroyo Salgado respondían a diferencias con las decisiones adoptadas durante la investigación, cuestiones que, afirmó, ya habían sido analizadas por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín.

Del otro lado, Rodolfo Tailhade cuestionó con dureza el accionar de la magistrada y denunció presuntas irregularidades durante la investigación. Entre ellas mencionó allanamientos realizados en Quilmes sin intervención de los jueces competentes y sostuvo que existió un marcado desinterés por las condiciones en las que permanecieron detenidas las militantes involucradas en el caso.

La denuncia también hacía foco en el tratamiento recibido por Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, y por Eva Mieri, concejala de Quilmes, ambas detenidas tras el episodio ocurrido frente al domicilio de Espert. Según la presentación, durante el procedimiento se habrían producido situaciones de abuso de autoridad y malos tratos.

Entre los elementos incorporados al expediente figuró el testimonio de Abaigar, quien aseguró que durante su traslado fue obligada a repetir el recorrido frente a los medios de comunicación porque, según le habrían informado los efectivos policiales, la jueza pretendía que su rostro quedara expuesto ante las cámaras. La funcionaria también denunció que durante su detención no se tuvo en cuenta su estado de salud.

Con la decisión adoptada por la Comisión de Acusación, el proceso disciplinario contra Sandra Arroyo Salgado quedó frenado y la magistrada evitó que la denuncia avanzara hacia un jury de enjuiciamiento, en medio de un fuerte enfrentamiento político dentro del Consejo de la Magistratura.