Del plan al casting laboral: la ciudad de Jorge Macri cambia asistencia por condiciones estrictas

En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri decidió borrar de un plumazo el sistema de planes sociales y reemplazarlo por un programa que, según su propia narrativa, busca “devolver dignidad”. La medida alcanza a unas 5.000 personas y establece una transición de hasta 12 meses con capacitación obligatoria, pagos directos y vínculo con empresas privadas. La receta suena conocida: menos Estado intermediando y más discurso de esfuerzo individual, todo firmado por decreto.

El argumento central del Gobierno porteño apunta contra lo que define como “gerentes de la pobreza”. Macri anunció el fin de los intermediarios y celebró que ahora la ayuda será directa, temporal y condicionada. En paralelo, se dieron de baja 85 convenios y se puso la lupa sobre un sistema que, según cifras oficiales, costaba cerca de 10.000 millones de pesos al año. El mensaje es claro: ajuste con épica moral.

El relato se completa con números que buscan justificar el giro. La gestión informó que detectó 1.274 beneficiarios irregulares, además de situaciones que rozan lo grotesco: personas fallecidas cobrando, titulares con autos, propiedades e incluso jubilaciones elevadas. También se habló de más de 5.000 raciones irregulares en comedores y del cierre de 40 espacios. El diagnóstico aparece armado para que la conclusión sea inevitable: había que cortar.

El nuevo esquema se apoya en cuatro pilares: formación educativa, capacitación laboral, trabajo con impacto concreto y articulación con empresas. En ese punto, el Gobierno sumó acuerdos con firmas como Hilton, Farmacity o Limpiolux, además de cámaras empresariales y universidades. El detalle no es menor: el Estado se corre y el mercado entra en escena, con la promesa de convertir asistencia en empleo.

Pero la letra chica también marca el límite. Quien no cumpla con la capacitación obligatoria o los estándares fijados, pierde el beneficio. La ayuda deja de ser un derecho para transformarse en un contrato con condiciones estrictas. El ministro Gabriel Mraida lo sintetizó con una frase que resume la lógica del cambio: “dar dignidad” a quienes “solo cobraban sin horizonte”. La pregunta que queda flotando es si la dignidad ahora viene con fecha de vencimiento.

Mientras tanto, la Ciudad avanza con herramientas de control como una aplicación para comedores que registra raciones mediante DNI. Más trazabilidad, menos intermediación, más filtro. En términos políticos, Macri se para en la vereda del orden y la eficiencia, pero el movimiento también expone una decisión de fondo: redefinir quién recibe ayuda, cómo la recibe y bajo qué condiciones.

El resultado es un giro que combina recorte, control y discurso meritocrático, envuelto en una narrativa que apunta tanto a ordenar las cuentas como a marcar identidad política. En esa mezcla, el asistencialismo deja de ser un problema estructural para convertirse en un enemigo a exhibir. Y la solución, al menos en los papeles, se escribe con la palabra trabajo, aunque todavía esté en construcción.