General Alvear cruza el umbral judicial por un diferendo del 2,5 por ciento

Lo que empezó como una discusión sobre aumentos en una paritaria municipal terminó escalando hasta convertirse en un conflicto de poderes sin antecedentes en la historia reciente de General Alvear.

El intendente radical Ramón "Tito" Capra y el Concejo Deliberante, dominado por una mayoría opositora peronista, se enfrentan en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por el control de una decisión que, en apariencia, resulta menor: quién recibe un incremento del 2,5 por ciento.

El origen del enfrentamiento se remonta a marzo, cuando el Ejecutivo municipal acordó con los gremios una suba salarial del 10 por ciento para los empleados comunales, a abonarse en cuatro cuotas de 2,5 por ciento entre ese mes y junio.

Los primeros tramos se aprobaron sin contratiempos. Sin embargo, en mayo, la mayoría opositora del Concejo Deliberante, integrada principalmente por el bloque de Fuerza Patria y aliados de los espacios Nuevos Aires y Potencia, modificó el proyecto del Ejecutivo para excluir del beneficio al propio intendente, a los funcionarios de planta política y a algunos cargos jerárquicos, además de limitar bonificaciones. Capra respondió con un veto, el Decreto 314/2026, pero el Concejo insistió con los dos tercios de los votos necesarios y convirtió la medida en ordenanza definitiva, la 2687/2026.

Fue entonces cuando el jefe comunal radical decidió judicializar la disputa, al presentar un recurso ante la Suprema Corte bonaerense para pedir la nulidad de la ordenanza y denunciar una "invasión de competencias" del Legislativo sobre facultades exclusivas del Ejecutivo.

A principios de este mes, el Procurador General Julio Conte Grand emitió un dictamen que representa un duro revés para la postura del intendente. El funcionario recomendó a la Corte desestimar el planteo de Capra, al considerar que el Concejo Deliberante obró dentro de sus atribuciones constitucionales al modificar el proyecto. Conte Grand avaló, además, mantener congelados los sueldos de la planta política hasta que se resuelva el fondo del asunto.

El dictamen, aunque no vinculante, pesa como un antecedente técnico de enorme importancia en la decisión que deberá adoptar el máximo tribunal provincial en las próximas semanas o meses. La Corte ya había admitido el caso como "conflicto de poderes" en junio y suspendido provisoriamente los efectos de las ordenanzas 2685 y 2687/2026, lo que permitió que Capra y su equipo conservaran temporalmente los aumentos. Esa medida cautelar, sin embargo, quedó en entredicho tras la opinión del Procurador.

La posición del intendente es clara: Capra sostiene que el Concejo se extralimitó al alterar un acuerdo paritario, una facultad que, según su interpretación, le corresponde en forma exclusiva al Departamento Ejecutivo. "Los sueldos municipales en Alvear son bastante buenos, lamento haber llegado a la Corte", declaró el radical en medio del conflicto, en una frase que sintetiza su postura de haber sido obligado a la judicialización. Desde el Concejo Deliberante, la lectura es distinta.

Los ediles opositores defienden su derecho constitucional a aprobar, rechazar o modificar proyectos del Ejecutivo, especialmente cuando involucran materia presupuestaria. Destacan, además, que la modificación no incrementó el gasto público sino que, por el contrario, lo redujo al congelar sueldos jerárquicos.

En la práctica, argumentan, la ordenanza benefició a los trabajadores municipales de base al evitar que los recursos se concentraran en la "planta política". La votación reflejó la correlación de fuerzas: el 21 de mayo, la Ordenanza 2685/2026 se aprobó por 9 votos a favor sobre 12. Tras el veto de Capra, el 1 de junio el Concejo insistió con mayoría de dos tercios y la convirtió en definitiva.

El bloque oficialista, compuesto por radicales y aliados del intendente, se opuso y denunció que la medida fue "netamente política" y perseguía impacto mediático. El kirchnerismo local, en cambio, acusó a Capra de "elegir el conflicto" en lugar de dialogar.

El caso de General Alvear no constituye un incidente aislado, sino que se inscribe en las tensiones recurrentes entre Ejecutivos y Legislativos municipales en la provincia de Buenos Aires, donde la fragmentación política y la alternancia en los concejos deliberantes generan enfrentamientos frecuentes. La particularidad aquí es que el conflicto escaló hasta la instancia judicial más alta de la provincia, y convirtió una discusión salarial en un precedente potencial sobre los límites entre los poderes en los gobiernos locales.

Mientras la Suprema Corte define su fallo, la situación permanece en un limbo legal: los efectos de la ordenanza del Concejo siguen suspendidos, lo que de momento favorece a Capra, pero el dictamen del Procurador General inclina la balanza hacia la posición opositora. Lo que está en juego no es solo un aumento del 2,5 por ciento, sino quién tiene la última palabra cuando el Ejecutivo y el Legislativo municipal chocan de frente.